Nacionales
República Dominicana rechaza acusaciones del CIDH sobre la apátrida
Santo Domingo de Guzmán, D.N. – El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana emitió un comunicado en respuesta al pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) titulado "CIDH insta al Estado a erradicar la apatridia". En este comunicado, el Estado dominicano aborda las acusaciones relacionadas con la sentencia TC/0168/13 del Tribunal Constitucional.
El Gobierno de la República Dominicana en un comunicado reconoce las observaciones y recomendaciones presentadas por la CIDH y reafirma su compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos de todos sus ciudadanos, sin importar su nacionalidad.
No obstante, el Estado rechaza categóricamente las acusaciones de la CIDH. Argumenta que el comunicado de la CIDH no refleja objetivamente la situación de la nacionalidad en el país, no considera el contexto histórico y legal, ni reconoce los esfuerzos realizados por el gobierno para cumplir con la Ley 169-14. Esta ley busca armonizar la sentencia TC/0168/13 con las normas constitucionales y el derecho internacional de los derechos humanos.
El comunicado destaca los esfuerzos significativos del Gobierno para abordar las cuestiones relacionadas con la nacionalidad. Esto incluye la promulgación de la Ley 169-14 sobre Naturalización, que ha beneficiado a 60,773 personas afectadas por la sentencia TC/0168/13. De estos, 26,123 han recibido sus documentos como dominicanos. Los restantes 34,110 no los han recogido, posiblemente debido a razones como fallecimiento, emigración o falta de respuesta al llamado del Gobierno.
El gobierno reafirma su compromiso con la promoción de políticas de inclusión, igualdad y no discriminación, así como con el respeto a la diversidad étnica y racial de la sociedad dominicana. Asegura que no existen políticas discriminatorias en el mercado laboral que obstaculicen el empleo de grupos específicos.
Finalmente, el comunicado subraya el objetivo de la política exterior de República Dominicana de promover los derechos humanos y los valores democráticos, en consonancia con su Constitución y tratados internacionales. También reitera la disposición del Estado para dialogar y cooperar con la CIDH en la solución de los desafíos relacionados con la nacionalidad en el país.
