Santo Domingo.- En una decisión que marca un hito en la lucha contra la corrupción administrativa en la República Dominicana, el juez Amauri Martínez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional envió a juicio de fondo al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, junto a 14 implicados en un caso que ha sacudido los cimientos del sistema judicial del país. Además, el magistrado emitió un auto de no ha lugar en favor de una imputada y 12 empresas en calidad de terceros civilmente responsables.

El tribunal consideró que existen pruebas suficientes para que Rodríguez enfrente un juicio de fondo, basándose en las acusaciones del Ministerio Público que lo señalan por supuestamente cometer acciones criminales que afectan gravemente el patrimonio público, específicamente los fondos asignados a la Procuraduría General de la República.

Los cargos incluyen asociación de malhechores, soborno, desfalco, estafa, coalición de funcionarios, financiamiento político, sustracción cometida por funcionarios públicos, enriquecimiento ilícito, falsedad en declaración jurada y lavado de activos.

No obstante, el magistrado Martínez excluyó las acusaciones de falsedad en escritura, uso de documentos falsos y sabotaje cibernético, al determinar que no se configuraban los elementos constitutivos de estos delitos con base en los hechos y las pruebas presentadas.

En sus motivaciones, el juez Martínez destacó la importancia de observar ciertos aspectos ante un tribunal en sede de juicio, sin desconocer que el principio de presunción de inocencia se mantiene intacto para todos los imputados, conforme a la Constitución de la República, los tratados internacionales y las leyes vigentes.

Medidas de coerción:El juez Amauri Martínez decidió mantener las medidas de coerción que pesan sobre Jean Alain Rodríguez, Jonathan Joel Rodríguez Imbert y Rafael Antonio Mercedes Marte, las cuales incluyen arresto domiciliario, garantía económica y colocación de localizadores electrónicos, debido a la falta de cambios en las circunstancias que justificarían su levantamiento.

Auto de No Ha Lugar:El tribunal emitió un auto de no ha lugar en favor de Sara María Fernández de José, al concluir que las pruebas presentadas por el Ministerio Público eran insuficientes para sostener una acusación y que no había posibilidad razonable de incorporar nuevas evidencias al proceso.

Asimismo, se emitió un auto de no ha lugar en favor de los terceros civilmente demandados por el Estado Dominicano, entre ellos las empresas Complementos ER, S.R.L., Procons, S.R.L., Productiva, S.R.L., Alfeizar Construcciones, S.R.L., Constructora Casasnovas S.R.L., Marizán Ingeniería Construcción y Bienes Raíces, S.R.L., Grupo Acor, S.R.L., Grupo Antares, S.R.L., First Medical Depot By Guzmán, S.R.L., Tecnicaribe Dominicana, S.A., Transformadores Aquino, S.R.L., y Arquitectura Integral, S.R.L., de acuerdo con el artículo 304 del Código Procesal Penal.

Acuerdos:El tribunal también acogió acuerdos entre el Ministerio Público y 21 personas físicas y empresas presuntamente involucradas, quienes mediante un procedimiento de acuerdo pleno por procedimiento penal abreviado, llegaron a acuerdos penales y civiles con el órgano persecutor y el Estado Dominicano.

Proceso Judicial:El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional asumió el caso mediante el auto número 01480-2022, emitido el 5 de julio de 2022, con el objetivo de conocer el proceso denominado Operación Medusa. Durante este tiempo, se realizaron diversas audiencias para salvaguardar las medidas de instrucción y garantizar el derecho de defensa de las partes involucradas.

A pesar del prolongado tiempo en esta etapa, el tribunal ha actuado en estricto apego al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, tomando las acciones necesarias para proteger los derechos de todas las partes. El cierre de los debates ocurrió el 4 de junio de 2024, diferiéndose el fallo para evaluar los argumentos de las distintas defensas en cuanto a hechos y derechos, lo que llevó a la decisión final de enviar a juicio de fondo a los implicados.

Esta decisión judicial refleja un compromiso renovado del sistema judicial dominicano en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública.

El juicio de fondo contra Jean Alain Rodríguez y los demás implicados será un testimonio de la determinación del país de erradicar la corrupción en todos sus niveles.

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