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Traslado histórico marca el inicio del cierre de La Victoria
Santo Domingo.- La mañana de este miércoles quedó marcada como un punto de quiebre para el sistema penitenciario dominicano. La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales inició el traslado de los internos de la Penitenciaría Nacional de La Victoria hacia el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, en San Antonio de Guerra, un proceso que busca romper con décadas de hacinamiento y precariedad.
El director de la DGSPC, Roberto Santana Sánchez, supervisó cada paso de la operación. Era evidente que no se trataba de un movimiento más, sino del comienzo de una transformación esperada durante años. La Victoria, construida en 1952 para alojar 1,700 internos, terminó acumulando cerca de 9,300, una cifra que por sí sola explica el deterioro de las condiciones y el impacto en la dignidad de quienes allí cumplen condena.
Santana Sánchez recordó que, durante casi cuatro décadas, distintos gobiernos intentaron sustituir el recinto sin lograr un avance real. “Hoy, por fin, el país empieza a cerrar un capítulo doloroso”, dijo. Insistió en que la sociedad dominicana debe celebrar el inicio de este traslado, pero también mantenerse vigilante para que no vuelva a repetirse una situación como la de La Victoria.
En su intervención, agradeció el respaldo del Poder Ejecutivo y el acompañamiento de la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso. También destacó el aporte de Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, quien ha jugado un rol clave en el seguimiento a la reforma penitenciaria. El director dedicó unas palabras especiales al equipo técnico del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, responsable de concluir la primera fase del nuevo recinto con capacidad para 2,400 internos distribuidos en dos cuadrantes.
El día no fue solo operativo, también fue simbólico. “El 19 de noviembre de 2025 debe quedar registrado como el inicio del cierre definitivo de La Victoria”, afirmó Santana Sánchez. Lo definió como un acto que reafirma la salud democrática del país, porque reconoce que la dignidad de las personas privadas de libertad no puede seguir siendo una deuda pendiente.
Los primeros 300 internos trasladados son parte de una selección hecha por un equipo multidisciplinario. Se tomaron en cuenta sus condiciones legales, su comportamiento y sus habilidades. La idea es que este primer grupo abra el camino para otros 300 que seguirán hasta completar los 2,400 de la primera fase. Ese proceso avanzará a medida que los otros cuadrantes del CCR-Las Parras entren en funcionamiento.
Desde hace diez días, el personal administrativo y de seguridad del sistema penitenciario ocupa las instalaciones del nuevo recinto, poniendo a prueba cada área para garantizar que todo funcione al momento de recibir a los privados de libertad. Esa etapa de adaptación ha servido como ensayo general, mientras el Ministerio de Vivienda completa los espacios restantes que deberán estar listos el próximo año.
Santana Sánchez explicó que el traslado cuenta con el apoyo de varias agencias del Estado. Cada interno ha sido evaluado por un equipo que mantiene comunicación constante con los responsables del Primer Catastro Penitenciario, una iniciativa impulsada por la Procuraduría General de la República en coordinación con la Oficina Nacional de Estadística. Gracias a ese levantamiento, se tiene un perfil claro del estatus legal, educativo y laboral de cada persona.
El ambiente alrededor de Las Parras mezcla prudencia y esperanza. Para algunos familiares que observan el proceso desde la distancia, la noticia trae alivio: sus parientes tendrán mejores condiciones. Para el personal penitenciario, es el reto de inaugurar un modelo que promete romper con viejos vicios. Y para el país, representa la posibilidad de poner fin a uno de los recintos más cuestionados de su historia reciente. Santana Sánchez lo dijo sin rodeos: “Este paso no es solo necesario. Es impostergable”.
