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JCE advierte sobre actividades proselitistas anticipadas en RD
La Junta Central Electoral (JCE) de la República Dominicana ha emitido una advertencia clara a partidos políticos, sus miembros y a la ciudadanía en general: cualquier actividad proselitista realizada antes de los plazos establecidos está prohibida. Esta prohibición abarca consultas previas y cualquier modalidad destinada a seleccionar o definir precandidaturas o candidaturas, así como anuncios públicos de aspiraciones en cualquier nivel de elección.
El organismo electoral enfatiza su responsabilidad de asegurar una competencia equitativa dentro de las organizaciones políticas. La definición anticipada de precandidaturas y candidaturas, fuera de los tiempos legales, crea un escenario de desigualdad en las contiendas internas, contraviniendo principios constitucionales.
La JCE subraya que la selección prematura de candidaturas no solo está prohibida, sino que también coloca en desventaja a otros aspirantes que desean postularse cuando los plazos legales lo permitan. Estos candidatos tendrían menos tiempo para estructurar sus proyectos políticos y obtener los apoyos necesarios. Por ello, es imperativo que todos los aspirantes gocen de igualdad de oportunidades en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales.
Según lo estipulado en la Ley núm. 20-23 y la Ley núm. 33-18, la precampaña electoral para las elecciones generales de 2028 comenzará el primer domingo de julio de 2027 y concluirá con la selección oficial de las candidaturas. Por su parte, la campaña electoral dará inicio con la proclama oficial de la JCE, emitida a más tardar 70 días antes de los comicios.
El incumplimiento de estas disposiciones conlleva sanciones específicas. El artículo 78, numeral 8, de la Ley núm. 33-18 establece que los aspirantes que inicien campaña antes del período oficial serán sancionados con la inadmisibilidad de su candidatura, lo que implica que no podrán ser inscritos ni reconocidos como candidatos en las elecciones por los órganos de la administración electoral.
La JCE enfatiza que cualquier acción de promoción política fuera de los plazos legales podría afectar negativamente la legalidad de las posibles precandidaturas y candidaturas. Por lo tanto, reitera su compromiso de aplicar estrictamente las sanciones establecidas, garantizando así la equidad, transparencia y el respeto al principio de legalidad en el proceso electoral.
