Santo Domingo. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, ofreció una detallada declaración sobre la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC/0767/24), que anuló la Ley núm. 1-24 por un error en el procedimiento legislativo, enfatizando que el contenido de la norma no fue objeto de cuestionamiento.

El Tribunal Constitucional declaró la norma como no conforme con la Constitución debido a un vicio procedimental. Según explicó Peralta, “el fallo señala que la ley fue aprobada con las mayorías necesarias en ambas cámaras, pero no se cumplió con las formalidades requeridas para su tratamiento como ley orgánica”. Este incumplimiento, según la Constitución, invalida el proceso, aunque el contenido de la ley no fue objeto de objeción.

Aspectos clave de la sentencia

La decisión del Tribunal se basó en dos puntos principales:

1. Procedimiento legislativo:

El Tribunal determinó que el Congreso Nacional no convocó expresamente las sesiones bajo las reglas específicas para tratar una ley orgánica. Aunque la Ley 1-24 obtuvo 125 de 126 votos en la Cámara de Diputados y 21 de 25 en el Senado, el proceso careció de la formalidad requerida.

2. Carácter orgánico:

Según el Tribunal, la Ley núm. 1-24, al regular aspectos relacionados con la seguridad y defensa nacional, debe considerarse orgánica, aunque no afecte directamente derechos fundamentales, como argumentaban algunos accionantes.

“El fallo no cuestiona el contenido de la normativa ni identifica violaciones a derechos fundamentales; se enfoca exclusivamente en garantizar el rigor procedimental legislativo”, explicó Peralta.

Respuesta del Poder Ejecutivo

El Gobierno dominicano expresó su respeto y acogida al criterio del Tribunal Constitucional, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Peralta destacó que este tipo de decisiones garantizan la institucionalidad del país y motivan a seguir procesos legislativos más rigurosos.

“Saludamos el empeño del Tribunal en garantizar el cumplimiento del procedimiento legislativo. El Gobierno seguirá impulsando iniciativas que respeten a cabalidad el marco jurídico establecido”, puntualizó Peralta.

El funcionario añadió que las irregularidades señaladas en la sentencia pueden subsanarse mediante un nuevo procedimiento legislativo en el Congreso Nacional, asegurando que el Ejecutivo ya colabora con el Poder Legislativo en la formulación de una propuesta de reforma a la Ley 1-24. Este proyecto busca garantizar que las disposiciones cumplan con las exigencias constitucionales.

Compromiso con la seguridad nacional

Antoliano Peralta reafirmó que el Ejecutivo mantiene su firme compromiso con la seguridad nacional y la protección de los intereses ciudadanos, temas esenciales abordados en la Ley núm. 1-24. Según señaló, el Gobierno también busca promover un diálogo abierto con actores sociales para consolidar el marco legal que regula los servicios de inteligencia en el país.

“La sentencia nos permite reflexionar sobre la importancia del cumplimiento legislativo en todos sus detalles, fortaleciendo la confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones”, concluyó el consultor jurídico.

Mientras tanto, el Congreso Nacional avanza en el análisis de una nueva propuesta legislativa que recogerá los consensos alcanzados entre el Gobierno y diversos sectores de la sociedad civil, con el objetivo de fortalecer las disposiciones sobre inteligencia y defensa nacional bajo un marco jurídico sólido y transparente.

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