DGM intensifica deportaciones y logra avances contra redes ilegales
BÁVARO, HIGÜEY. En un esfuerzo por controlar la migración irregular y reforzar la aplicación de la Ley 285-04, la Dirección General de Migración (DGM) desarrolló un operativo de gran escala en el poblado de Friusa, Bávaro, provincia La Altagracia. La acción resultó en la detención de 255 extranjeros que no presentaron documentos válidos que justificaran su estancia en territorio dominicano.
De acuerdo con un comunicado emitido por la institución, el operativo se llevó a cabo en respuesta a múltiples denuncias de autoridades civiles, empresarios y comunidades locales, quienes manifestaron preocupación por la creciente cantidad de extranjeros, mayoritariamente haitianos, en condiciones irregulares.
La DGM informó que, durante las detenciones, se respetaron los derechos humanos y la dignidad de los 227 hombres y 28 mujeres aprehendidos. Posteriormente, fueron trasladados al vacacional de Haina, en la provincia San Cristóbal, donde se iniciaron los trámites necesarios para su repatriación a sus países de origen.
“Este proceso cumple con las normativas nacionales e internacionales, garantizando que los procedimientos se realicen de manera justa y transparente”, señaló el organismo.
El operativo contó con el apoyo del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada Dominicana, la Policía Nacional y el Cuerpo Especializado en Seguridad del Transporte Terrestre (CIUTRAN), reforzando la efectividad y la seguridad de la intervención.
Desde el inicio del plan de repatriación masiva el pasado 1 de octubre, la DGM ha deportado a 55,723 extranjeros en situación irregular. Solo en los primeros quince días de noviembre, la cifra ascendió a 15,500, consolidando la postura del Gobierno dominicano de aplicar estrictamente la legislación migratoria.
Además, se ha registrado un avance significativo en la persecución de redes de tráfico de personas. Según informes de la DGM, más de 30 individuos han sido sometidos a la justicia por su implicación en actividades ilícitas relacionadas con el transporte de extranjeros. Las medidas de coerción impuestas a los responsables reflejan un esfuerzo conjunto con el Ministerio Público para combatir este problema que representa un desafío de seguridad y justicia en el país.
En paralelo, la DGM ha mantenido reuniones con representantes de sectores empresariales para evaluar las necesidades de mano de obra extranjera, buscando soluciones legales y sostenibles.
Este diálogo tiene como objetivo equilibrar la demanda de trabajadores en sectores estratégicos con el cumplimiento de la normativa migratoria.
Contexto y retos migratorios
El incremento de la presencia de extranjeros en condición irregular en zonas como Bávaro y Haina ha generado preocupaciones sobre la seguridad, el empleo y los servicios básicos en las comunidades afectadas. Este panorama ha impulsado al Gobierno a reforzar las medidas de control migratorio, implementando operativos más frecuentes y coordinados.
Las autoridades justificaron estas acciones en la necesidad de mantener el orden público y garantizar que todos los ciudadanos, dominicanos o extranjeros, cumplan con las leyes vigentes. “Es nuestra obligación velar por el respeto a las normativas migratorias y proteger los intereses nacionales”, destacó la DGM.
La Dirección General de Migración aseguró que continuará ejecutando operativos similares en todo el país, priorizando la colaboración interinstitucional y el respeto a los derechos fundamentales. Asimismo, reiteró su compromiso de trabajar con sectores clave para regularizar la mano de obra extranjera, lo que podría contribuir a una gestión migratoria más equilibrada y efectiva.
Con estas acciones, el Gobierno dominicano busca reforzar su control fronterizo y su soberanía, enviando un mensaje claro sobre la importancia de la regularización migratoria para el desarrollo social y económico del país.
Conclusión: Este esfuerzo conjunto entre las autoridades migratorias, las Fuerzas Armadas y los sectores productivos evidencia la prioridad que el Estado otorga al control migratorio. Sin embargo, el desafío de equilibrar seguridad, derechos humanos y necesidades laborales sigue siendo un tema central en la agenda nacional.