El presidente Luis Abinader anunció que retirará del Congresoel proyecto de reforma fiscal denominado como “modernización fiscal” que planteaba la eliminación de numerosos incentivos fiscales a sectores empresariales, expansión del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) y la corrección de distorsiones en el sistema tributario.

El Mandatario reconoció que la propuesta fue rechazada por la población y que cómo él es un Presidente que escucha y que por eso admite que la propuesta del equipo económico del Gobierno fue rechazado por una parte importante de la población.

“Estoy convencido de que en una democracia se consigue todo junto al pueblo y nada del Gobierno”, manifestó Abinader.

Recordó que su administración había aprobado una ley de responsabilidad fiscal que pone topes al gasto público y que además presentó una propuesta de reducción de la burocracias pública.

Al anunciar la decisión, dijo que se buscarán alternativas viables para continuar los planes de desarrollo del Gobierno.

Entre los objetivos anunciados con el proyecto en cuestión estaba obtener mayores recursos para la infraestructura, mejorar el sistema de salud e invertir en seguridad ciudadana.

Sin embargo, la iniciativa fue rechazada por el sector empresarial, aunque estos reconocen la necesidad de una reforma fiscal, tal como lo establece la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Varios sectores empresariales en República Dominicana han gozado de beneficios fiscales durante décadas, entre los que destacan el de desarrollo turístico (Confotur), el de desarrollo industrial (Proindustria), la que promueve la energía renovable, la ley de cine, entre otros.

Estas exenciones, aunque han sido útiles para ciertos sectores, también han generado distorsiones, según técnicos del gobierno. En particular, algunas empresas se han beneficiado de manera desproporcionada, generando un desequilibrio en la recaudación tributaria.

Igual se ha señalado que la ley de fideicomisos, que fue concebida para promover el desarrollo inmobiliario y la vivienda accesible, ha sido utilizada por algunas empresas han utilizado esa estructura estructuras para evitar cargas fiscales, obteniendo beneficios más allá de los objetivos sociales o económicos originales.

Numerosas organizaciones empresariales que han reconocido la necesidad de las reformas, se resistieron a que ellos fueran afectados de manera particular.

El sector empresarial reaccionó al proyecto presentado por el Gobierno señalando que la eliminación de incentivos fiscales reduciría su competitividad, especialmente en un momento en que la economía aún se está recuperando de los efectos de la pandemia.

La Cámara de Diputados realizó una vista pública donde la mayoría de los participantes manifestaron su oposición al proyecto.

Los organismos internacionales han insistido en la necesidad de una reforma que aumente la presión tributaria hasta llevar a un mínimo de un 16 por ciento del Producto Interno Bruto en vez del 12 en que se encuentra actualmente.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha reiterado en varios informes la necesidad de la misma, por entender que la presión fiscal actual limita la capacidad del Estado para invertir en programas sociales y amenazan la estabilidad macroeconómica del país. El organismo también ha advertido que sin una reforma fiscal, la deuda pública continuará creciendo, poniendo en riesgo la sostenibilidad económica a largo plazo.

No es la primera vez que un gobierno dominicano intenta una reforma fiscal. En 2012, la administración de Danilo Medina implementó un paquete fiscal que dejó varias exenciones intactas y no resolvió las distorsiones estructurales del sistema. La deuda pública ha seguido aumentando, mientras que la presión fiscal se ha ido reduciendo, un dato que preocupa a organismos como el FMI y que presiona al gobierno actual a buscar soluciones.

FUENTE: https://elsoldesantiago.com