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Condenan cabecillas de red de tráfico de migrantes en R.D.
Independencia (R.D.), viernes, 11 de octubre de 2024. El Ministerio Público de la República Dominicana logró una victoria significativa en su lucha contra el tráfico ilícito de migrantes, al obtener condenas de 10 y 15 años de prisión para los principales miembros de una red criminal desmantelada durante la Operación Iguana. Este caso no solo destaca la labor del sistema judicial, sino también la urgencia de abordar el tráfico humano, un delito que afecta a las poblaciones más vulnerables.
El Tribunal Colegiado de Jimaní sentenció a Roberto Méndez Pérez y Johan Rosario Castillo a 10 años de prisión. Delson Manuel Medina Díaz, Juan Mateo Feliciano y Quelinton Eduardo Volquez Guzmán, por otro lado, recibirán penas de 15 años. Además, todos los condenados deberán pagar una multa equivalente a 150 salarios mínimos, un esfuerzo por disuadir futuras actividades delictivas.
En un giro inesperado, el tribunal dictó una sentencia absolutoria para los acusados Deivi Novas Reyes y Dominga Guzmán, destacando la importancia de un debido proceso en el sistema judicial.
Los procuradores fiscales, Aleika Almonte, Jhensy Víctor y Miguel Crucey, de las procuradurías especializadas contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), presentaron evidencias contundentes que fueron acogidas por los jueces Alejandro Antonio García Cruz, Elaine del Pilar Lluberes y Freidy Hernández White. Estos elementos probatorios resultaron cruciales para la emisión de la sentencia condenatoria.
La Operación Iguana, liderada por la procuradora general de corte Yoanna Bejarán Álvarez, se llevó a cabo en 2022, involucrando nueve allanamientos simultáneos en los municipios de las provincias Independencia, Bahoruco y Pedernales.
Durante estas acciones, el Ministerio Público detuvo a los acusados y confiscó una cantidad significativa de evidencia, incluyendo siete vehículos, 127 pasaportes de ciudadanos extranjeros, aproximadamente 116,000 pesos y 383 dólares, así como una pistola calibre 9 milímetros.
La investigación penal, que comenzó en diciembre de 2021, reveló la conexión de estos individuos con el tráfico ilícito agravado de migrantes y el secuestro de cuatro personas, dos de ellas de nacionalidad cubana.
Los acusados utilizaban métodos violentos, como chantajes y amenazas, para obtener sobornos, privando a las víctimas de su libertad hasta recibir el pago correspondiente. Estos actos no solo son delitos graves, sino que también exponen la fragilidad de las poblaciones que buscan una vida mejor.
El grupo fue acusado de múltiples violaciones a la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, el Código Penal Dominicano, y otras normativas relacionadas con crímenes tecnológicos y protección infantil. Esta condena resalta la importancia de una respuesta judicial robusta ante delitos que afectan especialmente a mujeres, niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad.
El Ministerio Público, a través de un comunicado, enfatizó que esta sanción es un paso fundamental en la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes, buscando crear conciencia sobre la gravedad de estos delitos y la necesidad de proteger a los más vulnerables. La condena de los líderes de la red de tráfico de migrantes marca un precedente en la justicia dominicana y refuerza el compromiso del país en la defensa de los derechos humanos y la seguridad de sus ciudadanos.
