Santo Domingo.- En una medida que marca un antes y un después en la gestión de los procesos electorales en la República Dominicana, la Junta Central Electoral (JCE) ha emitido un comunicado dirigido a partidos políticos, candidatos, y la ciudadanía en general, delineando una serie de regulaciones y prohibiciones críticas para el período de campaña electoral 2024. Este paso, considerado histórico por analistas políticos, busca asegurar un terreno de juego equitativo y transparente, en conformidad con la Ley núm. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, y otras disposiciones relevantes.

La JCE, en su comunicado, ha especificado regulaciones que abarcan desde la conducta de entidades estatales hasta el uso de medios de comunicación, pasando por las restricciones sobre actos públicos y la promoción gubernamental. 

Estas disposiciones subrayan un compromiso firme con la integridad del proceso electoral, en un esfuerzo por minimizar el uso indebido de recursos estatales y promover una competencia justa entre todos los participantes, indica el documento de la JCE.

Entre las regulaciones más destacadas se encuentra la prohibición de utilizar actos públicos estatales como plataformas de promoción política, un mandato que apunta directamente a prevenir la influencia indebida en la percepción pública. Además, se prohíbe la utilización de edificios gubernamentales para propaganda electoral, una práctica históricamente utilizada para ganar visibilidad de manera injusta.

La JCE también ha puesto un énfasis particular en la neutralidad de los funcionarios públicos, prohibiendo el uso de fondos públicos con fines políticos. Esta medida busca erradicar una de las prácticas más criticadas en ciclos electorales anteriores, donde el poder incumbente ha sido acusado de utilizar recursos estatales para beneficiar candidaturas específicas.

Las regulaciones se extienden al ámbito de la publicidad gubernamental, limitando la promoción de actos de gobierno que puedan interpretarse como apoyo indirecto a cualquier candidato. Esto incluye una prohibición específica contra la inclusión de imágenes o nombres de candidatos en vallas y afiches relacionados con el gobierno, garantizando así la neutralidad y evitando el uso de logros gubernamentales como herramienta de campaña.

“En el caso del actual Presidente de la República, que ostenta la condición de candidato presidencial para optar por un nuevo mandato, la Junta Central Electoral, en aras de garantizar el principio de equidad en la contienda que exige la Constitución de la República y la Ley núm. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, dispone que, a partir del dictado del presente comunicado, las vallas, letreros y afiches relacionadas con la promoción de ejecutorias y acciones de gobierno, no podrán contener, el nombre, la fotografía o imagen del presidente y candidato, hasta concluidas las elecciones, en virtud de que dichos elementos pueden traducirse en esquemas de promoción indirecta hacia el electorado, generando, a su vez un desequilibrio en la competencia respecto a las demás candidaturas presidenciales que están compitiendo en el actual certamen electoral. Esta disposición es de aplicación, en las mismas condiciones para la candidatura vicepresidencial que acompaña al actual Presidente de la República”,

Otro aspecto crítico del comunicado aborda la conducta durante la campaña electoral de funcionarios del sector bancario y entidades reguladoras del sistema financiero, exigiendo una postura de neutralidad absoluta. Esta directriz es particularmente relevante, dada la influencia significativa que estos sectores tienen en la economía y, por extensión, en la opinión pública.

Finalmente, el comunicado de la JCE se adentra en la esfera de los medios de comunicación, asegurando igualdad de condiciones para todos los partidos políticos en el acceso a la divulgación a través de medios estatales. En un giro hacia la modernidad y la justicia, la JCE garantiza espacio gratuito en medios estatales de radio y televisión para la promoción de todas las candidaturas, una iniciativa que promete cambiar el paisaje mediático electoral.

Con este conjunto de medidas, la JCE no solo establece un marco regulatorio más estricto y equitativo para la campaña electoral 2024, sino que también envía un mensaje claro sobre su compromiso con la transparencia, la equidad y la democracia.

La implementación de estas regulaciones será, sin duda, un desafío, pero marca un paso adelante decisivo hacia un proceso electoral más justo y representativo en la República Dominicana. La comunidad internacional, así como los ciudadanos dominicanos, estarán observando de cerca cómo se desarrollan estos esfuerzos por garantizar una competencia electoral libre y justa, en un año que promete ser crucial para el futuro político del país.

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