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La Junta Central Electoral condena el uso de instalaciones militares para propaganda política
Santo Domingo, martes 16 de enero del 2024.- En un comunicado oficial, la Junta Central Electoral de la República Dominicana expresó su profundo rechazo hacia el incidente ocurrido el 14 de enero de 2024 en las instalaciones que albergan la sede del Décimo Tercer Batallón de Infantería del Ejército Nacional, en Azua. Este acto, registrado en fotografías y difundido por medios de comunicación, evidenció el ingreso de vehículos que transportaban propaganda política.
La Junta Central Electoral, en calidad de máxima autoridad en la administración y organización de los procesos electorales en el país, destacó que el comportamiento viola las disposiciones constitucionales y legales que establecen la posición apartidista de las Fuerzas Armadas.
Refirió que de acuerdo con el artículo 252 numeral 3 de la Constitución de la República, las Fuerzas Armadas deben mantenerse al margen de actividades políticas.
Recuerda que la Ley No. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, refuerza esta posición en su artículo 167, donde se prohíbe a miembros activos de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, así como a funcionarios y empleados de los organismos electorales, difundir propaganda electoral o participar en actividades propias de la campaña electoral.
Refirió que de acuerdo con el artículo 252 numeral 3 de la Constitución de la República, las Fuerzas Armadas deben mantenerse al margen de actividades políticas.
La Junta Central Electoral subrayó la importancia de que las Fuerzas Armadas se apeguen al orden constitucional y legal vigente, instándolas a cumplir su rol sin inmiscuirse en asuntos políticos.
Además, hizo un llamado a las altas dirigencias de los partidos políticos para que eviten cualquier injerencia política en cuarteles y otras instalaciones militares.
Asimismo, la Junta exhortó a las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas a prevenir la repetición de actos similares, recordando a los funcionarios designados por el Poder Ejecutivo y a las autoridades de elección popular abstenerse de utilizar actos públicos y recursos estatales para favorecer candidaturas.
El órgano electoral aseguró que se mantendrá vigilante para preservar la integridad electoral y garantizar el respeto a las reglas que rigen la campaña electoral.
