El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) manifestó este miércoles que la posición del gobierno dominicano siempre ha sido la de detener la construcción del canal y abrir un diálogo con el objetivo de explorar alternativas para la gestión de los recursos hídricos que beneficien a ambas naciones.

“La posición del gobierno dominicano siempre ha sido que el gobierno haitiano debe detener inmediatamente la construcción del canal y abrir un diálogo con el objetivo de explorar alternativas para la gestión de los recursos hídricos que beneficien a ambas naciones”, manifestaron a través de un comunicando.

El documento detalla además que luego del asesinato del presidente Jovenel Moise los trabajos en el canal cesaron, pero con el reinicio de la obra convocaron al Consejo de Seguridad Nacional, el cual reiteró la posición fijada en 2021, “la construcción del canal debe cesar de manera inmediata. Dicha posición se mantiene invariable”.

“Al enterarnos del reinicio de los trabajos para conectar el canal al río Dajabón/Masacre, el presidente de la República convocó al Consejo de Seguridad Nacional, el cual emitió un comunicado el 12 de septiembre de este 2023 con las medidas tomadas por el Gobierno dominicano y reiterando la misma posición fijada en 2021 ”, dice la comunicación.

El documento continúa enumerando una serie de hechos que sucedieron desde 2018 respecto a la construcción del canal en el río Masacre.

Los hechos son los siguientes:

1. El Gobierno dominicano nunca fue notificado oficialmente de la construcción de un canal cuya intención era la de conectarlo al río Dajabón/Masacre.

2. Un documento que fue entregado informalmente por un funcionario haitiano durante la reunión de la comisión técnica el 27 de mayo de 2021, contentivo de algunos aspectos técnicos de la obra, permitió ver que hubo falta de transparencia de la parte haitiana sobre la intención y características de la obra iniciada unilateralmente en 2018.

3. No se trataba de un canal de riego, como se había informado a la Comisión Mixta Bilateral, sino de un canal de trasvase, lo cual viola el derecho internacional y el Tratado de Paz y Amistad Perpetua y Arbitraje de 1929, que prohíbe obras que cambien la corriente del río sin acuerdo previo.

4. A pesar de la exigua documentación, se pudo concluir que la altura del canal era superior en al menos 2.5 metros al nivel del río, lo que requeriría la construcción de un dique derivador que aumentaría el riesgo de inundaciones en la frontera entre ambos países.

5. La construcción del canal podría afectar el caudal del río en la zona baja, perjudicando unas 14 mil tareas de terreno cultivable en territorio dominicano y a unas 10 mil tareas en territorio haitiano que benefician a 266 agricultores dominicanos.

6. También podría causar un daño ecológico al vital ecosistema lacustre de agua dulce de Laguna Saladilla, uno de los humedales más importantes en República Dominicana.

7. Se desconocía quiénes eran los principales beneficiarios del proyecto y quién lo financiaba.

8. La obra viola también el principio de uso equitativo de las aguas transfronterizas, el principio de precaución ambiental y el equilibrio de intereses, por su carácter unilateral.

9. La posición del Gobierno dominicano siempre ha sido que el Gobierno haitiano debe detener inmediatamente la construcción del canal y abrir un diálogo con el objetivo de explorar alternativas para la gestión de los recursos hídricos que beneficien a ambas naciones.

FUENTE: https://elsoldesantiago.com