Empresario se encadena por despojo en Malecón de Puerto Plata

Puerto Plata. – El empresario Elías Rosario, propietario del restaurante El Chiringuito del Malecón, se encadenó este lunes junto a otros comerciantes frente al Palacio de Justicia de Puerto Plata, en una enérgica protesta contra lo que denuncian como un fraude inmobiliario para despojarlos ilegalmente de su propiedad.
Rosario exigió la retirada inmediata de varios agentes policiales apostados en su negocio, a quienes acusa de estar “pagados” por terceros con intereses en la propiedad. Según declaró, la presencia policial mantiene militarizado su establecimiento sin justificación legal.
El empresario solicitó al Director de la Policía Nacional y a la Procuraduría General de la República iniciar una investigación exhaustiva sobre la utilización indebida de agentes del orden en actividades privadas. “En lugar de cuidar a la ciudadanía, algunos policías están cobrando para meterse en negocios ajenos”, denunció.
Durante la protesta, los manifestantes aseguraron que en Puerto Plata opera una red mafiosa dedicada a falsificar documentos y obtener títulos de propiedad fraudulentos, en complicidad con sectores del sistema judicial.
También exigieron que se investigue a fondo la Dirección Regional de Mensuras Catastrales en Santiago, acusada de aprobar deslindes irregulares en terrenos de áreas protegidas. Pidieron al Ministerio de Medio Ambiente esclarecer si se otorgó alguna certificación de No Objeción de forma ilegal o si, por el contrario, se está utilizando una certificación falsa.
Asimismo, solicitaron al Ministerio de Turismo y al Ayuntamiento de Puerto Plata investigar la supuesta red mafiosa que, según indican, ha convertido a esta ciudad en un foco constante de fraudes inmobiliarios.
Los empresarios advirtieron que la próxima semana se trasladarán a Santo Domingo para encadenarse frente a la Jurisdicción Inmobiliaria, la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República, en demanda de acciones concretas del Administrador General de la Jurisdicción Inmobiliaria. Alegan que en Puerto Plata “no hay seguridad jurídica” y que “operan bandas organizadas con saco, corbata y uniforme”.