SANTO DOMINGO (R.D.), jueves 10 de octubre del 2024.- El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, calificó como “el triunfo de la verdad sobre la mentira” la decisión de la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional de enviar a prisión a los implicados en el caso Camaleón. La decisión judicial marca un hito en la lucha contra la corrupción en el país y sienta un precedente en el combate a la impunidad.

Durante su intervención al salir de la audiencia, Camacho destacó que la medida cautelar dictada por el tribunal responde a la gravedad de los hechos y al impacto significativo que han causado al Estado dominicano. “La verdad ha prevalecido sobre la mentira en este caso, y eso es una victoria no solo para el Ministerio Público, sino para todo el país”, afirmó el procurador, enfatizando la importancia de la justicia para fortalecer la confianza ciudadana en el sistema judicial.

Nuevas evidencias y posibles implicaciones

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la mención de nuevas evidencias que indican que los imputados vigilaban a miembros del sistema de justicia, una situación que, según Camacho, impulsó la decisión judicial. “Este comportamiento delictivo es una clara demostración de la magnitud del daño causado al país y de la red de corrupción que enfrentamos”, añadió. Además, el procurador reveló que se están explorando nuevas líneas de investigación que podrían llevar a la imputación de más personas involucradas en la red de corrupción.

Medidas de coerción para los acusados

La jueza Fátima Veloz, responsable de evaluar el caso, impuso 18 meses de prisión preventiva a varias figuras clave en este escándalo, entre ellas Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT); José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S.; y Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del INTRANT. Estos deberán cumplir su medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Hombres.

Por otro lado, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del INTRANT, cumplirá arresto domiciliario, mientras que Frank Díaz Warden, excoordinador de Despacho del INTRANT, recibió una garantía económica de 2 millones de pesos, junto con impedimento de salida y presentación periódica. Los acusados Juan Francisco Álvarez Carbuccia y Carlos José Peguero Vargas enfrentan una medida de coerción similar, con una garantía económica de un millón de pesos.

Caso complejo y delitos imputados

En respuesta a la solicitud del Ministerio Público, la jueza Veloz declaró el caso Camaleón como complejo, lo que permitirá una investigación más extensa y detallada. La próxima revisión obligatoria de las medidas de coerción ha sido fijada para el 9 de enero de 2025, un plazo que ofrece al equipo investigador más tiempo para profundizar en la red de corrupción que opera en el país.

Los imputados son acusados de pertenecer a una estructura criminal dedicada a delitos como desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica y robo de identidad. Estos cargos están respaldados por múltiples normativas, incluyendo la Constitución dominicana y una serie de leyes que regulan los delitos tecnológicos, el comercio ilícito y el financiamiento al terrorismo.

Un paso firme contra la corrupción

La decisión del tribunal no solo refuerza la actuación del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción, sino que también envía un mensaje claro sobre la determinación del sistema judicial dominicano para enfrentar y desmantelar las redes de corrupción y crimen organizado. Para Wilson Camacho, este avance es un reflejo de la firmeza y el compromiso de la justicia dominicana para garantizar que ningún acto delictivo quede impune, independientemente de quiénes sean los responsables.

El caso Camaleón es una señal contundente de que la justicia puede prevalecer sobre la corrupción, dando esperanza a la ciudadanía de que la verdad siempre se impondrá en la lucha contra aquellos que buscan enriquecerse a costa del Estado y de los recursos públicos.

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