En un giro decisivo en el caso conocido como “Camaleón”, la jueza del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Fátima Veloz, dictó 18 meses de prisión preventiva para José Gómez Canaán, conocido como “Jochi”, y Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant). Esta medida surge tras la solicitud de los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), quienes presentaron pruebas contundentes sobre la implicación de ambos en actos de corrupción.

La magistrada Veloz, en una audiencia que captó la atención de la opinión pública, argumentó que la prisión preventiva es necesaria para garantizar la continuidad de la investigación y la eventual celebración de un juicio justo. “La corrupción no puede quedar impune”, enfatizó, reflejando la posición firme del sistema judicial ante los escándalos que han sacudido al país.

José Gómez, propietario de las empresas Transcore Latam y Aurix, y Hugo Beras, cuyo papel en el Intrant fue crucial durante su gestión, enfrentan acusaciones que involucran malversación de fondos y conflictos de interés en contratos estatales. Las investigaciones revelan que estas irregularidades habrían perjudicado la eficacia de la gestión del tránsito, generando graves repercusiones en la movilidad y seguridad vial en el país.

En el mismo contexto, la jueza Veloz también dictó 18 meses de prisión preventiva para Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant. Esta medida de coerción, que deberá cumplirse en la cárcel de Najayo, refleja la gravedad de los delitos en los que se ven envueltos estos funcionarios.

Mientras tanto, otros imputados en el caso, como Frank Díaz Warden y Carlos José Peguero Vargas, han recibido medidas menos severas. A Warden, coordinador de Despacho y representante de Hugo Beras ante el Comité de Compras del Intrant, se le impuso una garantía económica, un impedimento de salida del país y presentación periódica ante las autoridades. Por su parte, Peguero Vargas también se enfrenta a condiciones similares, lo que sugiere que las pruebas en su contra podrían no ser tan concluyentes como las de los acusados principales.

En un desenlace menos severo, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología del Intrant, fue enviado a arresto domiciliario. Esta decisión ha generado debate, ya que muchos consideran que la prisión domiciliaria es insuficiente dada la magnitud de las acusaciones que rondan a los implicados.

El caso “Camaleón” se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la corrupción en la República Dominicana. La decisión de la jueza Veloz y las medidas adoptadas por el tribunal son un reflejo del compromiso del sistema judicial para desmantelar redes corruptas que han socavado la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Con este desarrollo, la sociedad observa atentamente cómo se desenvuelve este caso, esperando que se haga justicia y se establezcan precedentes en la rendición de cuentas en el ámbito público.

Las implicaciones de este caso son profundas, no solo para los acusados, sino también para el futuro de la transparencia y la ética en la administración pública dominicana. A medida que avanza el proceso judicial, queda la esperanza de que se implementen reformas efectivas que prevengan la corrupción y fortalezcan las instituciones del país.

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