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Aplazada audiencia: 30 nuevos querellantes elevan monto de estafa inmobiliaria
Santo Domingo, 6 de enero del 2024.-La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional ha decidido posponer el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra los siete imputados en la Operación Nido, programándolo para el próximo martes 9 de enero a las 9:00 de la mañana. El juez Rigoberto Sena tomó esta decisión debido a la presentación de 30 nuevos querellantes este sábado.
El Ministerio Público, representado por el procurador fiscal Andrés Mena y la procuradora fiscal Sourelly Jáquez, explicó que el juez otorgó la oportunidad a los nuevos querellantes de notificar sus demandas a la defensa técnica. Se espera que el martes se realice la audiencia de medida de coerción, donde todas las partes serán escuchadas.
Mena declaró que con la inclusión de los nuevos querellantes, el monto de la estafa ha aumentado. Hasta ahora, hay un total de 117 querellantes y más de 300 querellas contra la red involucrada en la Operación Nido.
Hasta ahora, hay un total de 117 querellantes y más de 300 querellas contra la red involucrada en la Operación Nido.
En la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público establece que la red desmantelada realizó una estafa que asciende a más de 700 millones de pesos.
Los imputados utilizaron vehículos societarios como Indisarq y SRL, CRD Equipos Pesados, SRL, para llevar a cabo un esquema inmobiliario fraudulento que incluía estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos.
Más de 300 víctimas fueron afectadas por nueve proyectos inmobiliarios inexistentes.
La investigación del Ministerio Público señala a Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, María Gabriela Rivera Pichardo, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Reilin Arismendy Rosario García, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Juan Omar Rosario López y las personas jurídicas Inmobiliaria & Diseños Arquitectónicos, INDISARQ y CRD Equipos Pesados, SRL, RNC, como imputados.
La mayoría de las víctimas, trabajadores que contribuyeron con importantes sumas de dinero para adquirir viviendas, nunca recibieron sus propiedades.
El comunicado de prensa del Ministerio Público también destaca que Emmanuel Rivera Ledesma intentó obstaculizar la investigación mediante maniobras para evitar querellas y la firma de nuevos contratos, demostrando la necesidad de una medida de coerción para preservar evidencias y proteger a las personas estafadas
