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Tribunal impone medidas a Wander Franco y madre de menor por explotación sexual
PUERTO PLATA – El Juzgado de la Oficina de Servicios de Atención Permanente de este distrito judicial, impuso medida de coerción en contra del pelotero Wander Franco y de la madre de una adolescente, a quienes se les imputa la responsabilidad por la explotación sexual comercial de la menor de edad y por lavado de activos.
El juez Romaldi Marcelino Henríquez impuso a Franco, como medida de coerción, el pago de 2 millones de pesos en efectivo y presentación periódica y a la madre de la menor, de quien se omite el nombre para cuidar los derechos de la adolescente, le fue impuesto el arresto domiciliario e impedimento de salida del país.
El Ministerio Público, que en audiencia estuvo representado por los fiscales Ana Mariela Hernández y Marcos Wilkin’s Díaz, imputa de manera provisional a Franco por la violación a las disposiciones contenidas en los artículos 396 Literal C, 25, 409 y 410, el Principio V, de la Ley 136-03, del Código para el Sistema de Protección de los derechos Fundamentales de Niños, Niñas y adolescentes, así como los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano.
En cuanto a la madre de la menor, órgano persecutor la imputa por la violación a los artículos 25, 409 y 410 y V de la Ley 136-03, sobre el Código para el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes, además de artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, y de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
La investigación, que aún está en curso, la encabeza la Fiscalía de Puerto Plata, representada por su titular Kelmi Duncan; con el apoyo de directora nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia del Ministerio Público, Olga Diná Llaverías,; Luisa Marmolejos, coordinadora de la Unidad de Violencia de Género Intrafamiliar y Delitos Sexuales; Ramona Nova Cabrera, titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, así como también los miembros del órgano persecutor Michael Núñez, Dilsia Taveras, Luis Martínez y Claudio Alberto Cordero Jiménez.
Estas acciones se llevaron a cabo con la colaboración de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, la División Especial de Investigaciones de Delitos Transnacionales (DEIDET) y el Departamento de Inteligencia de la Policía Nacional, la Policía Nacional, a través del DINTEL.
