Santo Domingo.- El caso de la pastora Elizabeth Silverio ha vuelto a capturar la atención del público y los medios de comunicación en la República Dominicana, luego de que el Ministerio Público solicitara al Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional una condena de diez años de prisión y el pago de 50 salarios mínimos. Silverio enfrenta serias acusaciones relacionadas con el ejercicio ilegal de la medicina y profesiones afines, así como la responsabilidad de causar daños a menores de edad.

Durante la audiencia, la fiscalía presentó sus argumentos contra Silverio, señalando que su actuación contraviene las disposiciones de la Ley General de Salud, específicamente los artículos 92, 93 y 156 numeral 7 de la Ley 42-01. Estas normativas establecen las regulaciones necesarias para el ejercicio de la medicina en el país, y su incumplimiento no solo pone en riesgo la salud pública, sino que también compromete la vida y bienestar de los más vulnerables.

La fiscal del Ministerio Público enfatizó la gravedad de los delitos cometidos, declarando que Silverio no solo ejercía la medicina sin las credenciales apropiadas, sino que sus acciones habían ocasionado daños a niños y adolescentes. "Se debe aplicar la ley de manera rigurosa, ya que el bienestar de los menores está en juego", expresó la representante del Ministerio Público. A la condena de diez años de prisión, también se suma la solicitud de que se impongan las costas penales correspondientes al proceso judicial.

El contexto del caso revela un problema mayor en el país, donde el ejercicio ilegal de la medicina puede ser un fenómeno alarmantemente común. La falta de regulación y supervisión en ciertos sectores ha permitido que personas sin la formación adecuada se hagan pasar por profesionales de la salud, lo que puede llevar a consecuencias devastadoras, especialmente para los grupos más vulnerables de la sociedad. La intervención del Ministerio Público se presenta como una respuesta necesaria para proteger a la población y enviar un mensaje claro a quienes buscan operar al margen de la ley.

Además de la condena de prisión y las multas, el Ministerio Público también ha solicitado la destrucción de todos los títulos falsos, sellos e instrumental utilizado por Silverio en la práctica ilegal. Esta medida busca asegurar que no haya rastro de las actividades delictivas, protegiendo así la integridad del sistema de salud y previniendo futuras violaciones.

La defensa de Silverio, en contraposición, deberá presentar su caso ante el tribunal en los próximos días, un proceso que promete ser un punto focal para discutir la ética y la legalidad en el ejercicio de profesiones relacionadas con la salud.

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