En un gesto de firmeza y unidad, decenas de miembros del Colegio Dominicano de Notarios tomaron las calles el pasado martes en una marcha pacífica que se extendió hasta el corazón del Centro de los Héroes, culminando frente al edificio de la Procuraduría General de la República. Este acto no solo simboliza la lucha de un gremio por sus derechos económicos, sino que además pone en el foco público una controversia financiera que supera los 113 millones de pesos, una suma que, según alegan, ha sido retenida de manera ilegal y perjudicial por la institución gubernamental.

Encabezados por la doctora Laura Sánchez Jiménez, presidenta del Colegio de Notarios, los profesionales del derecho iniciaron su recorrido en la intersección de las avenidas Jiménez Moya con Correa y Cidrón, avanzando con determinación hacia la Procuraduría. Su objetivo: demandar la liberación de los fondos que, según afirman, les pertenecen por derecho en virtud de la Ley 140-15, esencial para garantizar planes de pensiones dignos, asistencia médica adecuada, y el crucial soporte para la implementación de la firma digital.

La contienda gira en torno a la retribución de 130 pesos por cada acto notarial certificado, una tarifa que, desde la promulgación de la mencionada ley el 12 de agosto de 2015, ha sido objeto de disputa. Sánchez Jiménez argumenta que, a lo largo de este período, la Procuraduría ha fallado en acreditar la totalidad de los montos correspondientes al Colegio, causando un daño material y moral significativo al gremio, limitando su capacidad para cumplir con sus obligaciones legales y sociales.

La discrepancia se agudiza con la acusación de que la Procuraduría ha percibido casi tres mil millones de pesos mediante este recibo notarial, pero ha incrementado de forma unilateral la tarifa a 700 pesos por acto, de los cuales solo 80 pesos son remitidos al Colegio, lo que representa una transgresión a lo establecido por ley y una carga adicional para la ciudadanía.

La doctora Sánchez Jiménez sostiene que esta situación compromete la seguridad jurídica del país, dado que la Procuraduría, al carecer de una base documental actualizada, está certificando firmas de notarios que ya no están en condiciones de ejercer, ya sea por fallecimiento, destitución, suspensión o inhabilitación, poniendo en riesgo la validez de los actos jurídicos.

Este acto de protesta no solo refleja una disputa financiera, sino que también recalca la importancia del Colegio Dominicano de Notarios en la historia y la sociedad dominicana desde su fundación el 3 de junio de 1967. Su rol ha sido fundamental en asegurar la ética notarial, contribuir a la preservación de la soberanía, y fomentar la solidaridad y la investigación dentro del ámbito notarial, tanto a nivel nacional como internacional.

La movilización del martes es un llamado a la acción y un recordatorio de la necesidad de respetar las leyes y los derechos de todos los profesionales, asegurando que las instituciones gubernamentales actúen en concordancia con los principios de justicia y equidad. La resolución de este conflicto no solo beneficiará al gremio notarial, sino que reforzará la transparencia y la confianza en los procedimientos legales y administrativos en la República Dominicana.

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