QUITO, Ecuador, 10 de enero (Europa Press) – La declaración oficial por parte del presidente Daniel Noboa de que Ecuador se encuentra en medio de un "conflicto armado interno" ha arrojado luz sobre la creciente influencia y presencia de grupos criminales en el país. Este fenómeno se hace evidente tanto en el sistema penitenciario como en las calles de ciudades como Guayaquil, y ha resultado en niveles de homicidios sin precedentes en la historia del país.

La inestabilidad política y económica de los últimos años ha transformado a Ecuador, alguna vez considerado un diamante en bruto de América Latina, en la nación más violenta de toda la región. El año 2023 concluyó con alrededor de 7,600 muertes violentas, lo que representa una tasa de más de 40 asesinatos por cada 100,000 habitantes.

En ciertas provincias, esta tasa se dispara, especialmente en Guayas y Esmeraldas, considerados epicentros de la criminalidad. En el barrio de Nueva Prosperina, en Guayaquil, la tasa de homicidios alcanza la alarmante cifra de 114 por cada 100,000 habitantes, según datos oficiales citados por el diario 'El Universo'.

Tan solo el martes, ocho personas perdieron la vida en actos violentos en la ciudad de Guayaquil, según informaron las autoridades locales.

Durante su breve mandato, el expresidente Guillermo Lasso declaró más de una decena de estados de excepción y promovió operaciones policiales y militares en las principales cárceles del país. Estas cárceles habían caído virtualmente bajo el control de bandas criminales, lo que contribuyó a la crisis actual.

Ecuador desempeña un papel crucial en la ruta del narcotráfico hacia Estados Unidos, y en los últimos años, los grupos locales han establecido vínculos con cárteles de países como México y Colombia. A pesar de esto, las fuerzas de seguridad ecuatorianas han luchado por contener su creciente expansión.

La fuga de 'Fito'

El domingo, las autoridades confirmaron la misteriosa desaparición de José Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito', líder de Los Choneros y presunto autor intelectual del asesinato en agosto del candidato presidencial Fernando Villavivencio. 'Fito' desapareció de una cárcel en Guayaquil antes de ser trasladado a un centro de máxima seguridad.

Esta fuga, protagonizada por quien se consideraba el hombre más peligroso del país, puso de manifiesto las deficiencias del sistema penitenciario y llevó a Noboa a declarar el estado de excepción el lunes. En un discurso a la nación, el presidente afirmó que "se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y crimen organizado le dictaban al gobierno de turno qué hacer". Asimismo, atribuyó una serie de motines en cárceles a la decisión de las actuales autoridades de enfrentar a estas bandas.

El estado de excepción, que estará en vigor durante 60 días, implica la movilización de la Policía y las Fuerzas Armadas y conlleva restricciones en ciertos derechos y libertades, como un toque de queda que limita la movilidad de la ciudadanía entre las 23:00 y las 5:00 horas.

Violencia a plena luz del día

Con la tensión en aumento, los incidentes violentos se multiplicaron. Al secuestro de un grupo de policías se sumó la fuga de prisión de Fabricio Colón Pico, alias 'capitán Pico', quien había sido detenido tras amenazar con asesinar a la fiscal general del país, Diana Salazar.

Sin embargo, lo que realmente conmocionó al mundo fueron las imágenes de un grupo de individuos encapuchados y armados que tomaron la sede de la cadena de televisión TC Televisión en Guayaquil, en plena emisión. La Fiscalía anunció que procesará a 13 personas por terrorismo debido a este asalto, que finalizó sin víctimas gracias a la intervención de la Policía.

En medio de esta espiral de violencia en las últimas horas, al menos diez personas perdieron la vida, incluyendo a dos policías, y aproximadamente 70 individuos fueron detenidos. Esto llevó a Daniel Noboa a dar un paso más y declarar formalmente que Ecuador está inmerso en un "conflicto armado interno". Esta declaración implica la identificación de más de una veintena de organizaciones como "grupos terroristas y actores no estatales beligerantes" y autoriza a las Fuerzas Armadas a tomar las medidas necesarias para "neutralizarlos".

El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, posteriormente advirtió que "cualquier grupo terrorista mencionado en el decreto es un objetivo militar", en un mensaje a la nación pronunciado junto a altos funcionarios de seguridad, incluyendo los ministros de Gobierno y Defensa. Un contingente de 47,000 uniformados está disponible para ser movilizado por la Presidencia.

En este contexto caótico, varios comercios optaron por cerrar sus puertas y el Ministerio de Educación instó a las escuelas cercanas a las cárceles a impartir clases de forma virtual. Además, el Gobierno ordenó la evacuación de edificios públicos como medida de precaución.

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