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Tribunal Constitucional ratifica inhabilitación de constructora Odebrecht como proveedor del Estado
La información la dio a conocer la Dirección General de Contrataciones Públicas
Santo Domingo, 10 de octubre del 2023.-En una decisión que resuena en el ámbito legal y gubernamental, el Tribunal Constitucional (TC) rechazó de manera contundente el recurso de revisión presentado por Constructora Norberto Odebrecht S.A., impugnando una sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) emitida en 2018.
La sentencia del TC, denominada TC/0500/23 y dictada en agosto pasado, confirma la inhabilitación de la razón social de Odebrecht para ser proveedora del Estado, ha informado en un comunicado la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
Según la decisión del TC, el Registro de Proveedores del Estado (RPE) de la constructora multinacional permanecerá suspendido, manteniendo la inhabilitación para contratar con el Estado. Esta medida se mantendrá hasta que el Ministerio Público concluya sus investigaciones y presente el acto conclusivo, de acuerdo con el artículo 150 del Código Procesal Dominicano.
La DGCP tomó la decisión de suspender el RPE de Odebrecht en 2017, mediante la resolución 8/2017 del 19 de enero, a solicitud de la Procuraduría General de la República, debido a una investigación penal en curso.
En lo que va del año, la DGCP ha inhabilitado temporal y permanentemente a 23 proveedores registrados en el Registro de Proveedores del Estado.
La importancia de esta decisión se amplifica al conocerse que, en lo que va del año, la DGCP ha inhabilitado temporal y permanentemente a 23 proveedores registrados en el Registro de Proveedores del Estado.
Dichas sanciones administrativas se han impuesto debido a la falsificación de documentos públicos, una falta grave según lo estipulado en el numeral 5 del artículo 66 y su párrafo 1 de la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas.
La DGCP, en el comunicado de prensa, destacó que, en cumplimiento del principio de coordinación y colaboración de la Administración pública, ha remitido seis de estos expedientes a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Unidad de Investigación de delitos tributarios del Ministerio Público.
Estos dos últimos entes tendrán la responsabilidad de determinar las consecuencias correspondientes, ya sean administrativas, civiles o penales.
La decisión del TC refuerza la postura del Estado dominicano en su compromiso con la integridad en las contrataciones públicas, enviando un claro mensaje sobre la importancia de la transparencia y el cumplimiento de la ley en la relación entre el gobierno y los proveedores.
