Diversos sectores políticos han denunciado que los partidos en República Dominicana estarían utilizando “subterfugios” y mecanismos indirectos para evadir el cumplimiento de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, especialmente en lo relacionado con la regulación de campañas y actividades internas.
Según las críticas, estas prácticas buscan flexibilizar o reinterpretar las disposiciones de la normativa, lo que debilita su aplicación y afecta la transparencia en los procesos internos de las organizaciones políticas.
La Ley 33-18 establece reglas sobre el funcionamiento de los partidos, incluyendo límites a la propaganda, la organización de actividades proselitistas y el uso de recursos, con el objetivo de fortalecer la institucionalidad democrática.
Sin embargo, distintos analistas y actores políticos han señalado que, pese a la existencia de estas disposiciones, persisten prácticas que permiten a los partidos mantener activismo político fuera de los períodos establecidos por la ley, generando cuestionamientos sobre su cumplimiento efectivo.
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