Una reforma que permita aumentar las pensiones entre un 25 % y un 50 % al momento de alcanzar la edad de retiro, y que además garantice cobertura a 2.2 millones de dominicanos, representaría un salto histórico hacia un sistema previsional más justo, más humano y verdaderamente incluyente.
Por sí solos, estos dos logros bastarían para justificar cualquier esfuerzo nacional orientado a hacerlos realidad. Porque una sociedad se mide también por la manera en que protege a quienes han entregado su vida al trabajo y merecen llegar a la vejez con dignidad, no con incertidumbre.
Sin embargo, en países donde la informalidad se ha vuelto estructural —como ocurre en la República Dominicana— aumentar los aportes y reducir la informalidad pueden avanzar en direcciones opuestas. Ahí reside uno de los grandes dilemas de la reforma.
Hay que partir de una realidad ineludible: elevar los aportes encarece el empleo formal. Y cuando la informalidad domina amplios sectores de la economía, muchas personas y empresas intentan evitar precisamente ese costo. Por eso, cualquier reforma debería procurar, de manera estratégica, que el precio “visible” de formalizarse no se convierta en una barrera más alta que la puerta de entrada al sistema.
La solución pasa, entonces, por diversificar las fuentes de financiamiento. En lugar de cargar todo el peso sobre trabajadores y empleadores, el Estado podría recurrir a mecanismos complementarios. Parte del incremento podría financiarse mediante impuestos generales —como el ITBIS, el impuesto sobre la renta u otras figuras tributarias—, así como mediante el uso estratégico de fondos ya existentes, como el Fondo de Solidaridad Social (FSS), que actualmente presenta superávit.
De esta manera, el sistema recibiría mayores recursos sin castigar el empleo formal ni desalentar la incorporación de nuevos cotizantes.
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