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Contraloría advierte a funcionarios que deben declarar patrimonio
El contralor general de la República, Félix Santana García, anunció que se implementarán medidas estrictas para asegurar el cumplimiento de la Ley 311-14, la cual exige a los funcionarios y servidores públicos presentar sus declaraciones juradas de patrimonio. Las instituciones responsables de este control serán inflexibles con quienes no cumplan con esta obligación legal.
“Tanto la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, liderada por la doctora Milagros Ortiz Bosch, como la Cámara de Cuentas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el consultor jurídico del Palacio Nacional, la Contraloría General de la República y el Ministerio de Administración Pública están trabajando conjuntamente para que todos los funcionarios, independientemente de su continuidad o cambios en sus puestos, presenten su declaración jurada a partir del 16 de agosto,” afirmó Santana García.
Félix Santana García, quien también es miembro de la Comisión para el Cumplimiento de Declaraciones Juradas de Patrimonio, recordó que esta comisión fue creada por el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona mediante el Decreto 343-22 del 6 de julio de 2022. Este decreto ordena a la Contraloría General de la República no autorizar la inclusión en nómina pública de aquellos funcionarios del Poder Ejecutivo que no cumplan con el requisito de la Ley 311-14.
La comisión, presidida por Milagros Ortiz Bosch, tiene la autoridad para recomendar al presidente de la República la aplicación de sanciones previstas en la ley para aquellos funcionarios que no presenten sus declaraciones juradas de patrimonio, un requisito que incluye la lista de bienes tanto personales como de la comunidad conyugal al inicio y término de sus funciones.
“La Ley 311-14 manda que los funcionarios presenten, dentro de los treinta días siguientes a su toma de posesión, una declaración jurada de los bienes que constituyen su patrimonio y el de la comunidad conyugal,” explicó Santana García.
“La Ley 311-14 manda que los funcionarios presenten, dentro de los treinta días siguientes a su toma de posesión, una declaración jurada de los bienes que constituyen su patrimonio y el de la comunidad conyugal,” explicó Santana García. Este mismo requisito se aplica a los servidores públicos reelectos y a aquellos que cesan en sus funciones, con un plazo máximo de 30 días para cumplirlo.
El incumplimiento de esta obligación conlleva sanciones graves, incluyendo la destitución del cargo según lo estipulado en la Ley número 41-08 de Función Pública.
Además de esta vigilancia, Santana García informó sobre el proceso de 90 auditorías en curso, de las cuales 20 serán publicadas próximamente. “Estamos en un proceso continuo y sin desmayo en cuanto a fiscalizar el buen uso de los recursos del Estado,” precisó.
Santana García también destacó el interés de los nuevos y salientes alcaldes en que se practiquen auditorías a sus gestiones, con el objetivo de recibir y entregar finanzas saneadas. Actualmente, se están realizando 15 auditorías a solicitud de estos alcaldes.
El contralor hizo estas declaraciones antes de participar en el lanzamiento de un programa para fortalecer las capacidades de persecución de los principales delitos penales, con énfasis en la criminalidad organizada, la corrupción administrativa y la violencia de género, auspiciado por la Suprema Corte de Justicia.
