Se cumple un año desde la desaparición de Cristino Valdez Rojas, un ganadero de oficio de Cotuí cuyo rastro se perdió el 19 de mayo de 2025. Aquella tarde, Valdez Rojas salió con el objetivo de comprar veintidós reses en la localidad de Luisa la Prieta, en la provincia de Monte Plata, un negocio para el cual portaba una cantidad de dinero en efectivo que aún no ha sido cuantificada. Desde entonces, su familia mantiene una búsqueda activa ante la falta de resultados de las autoridades.
El caso, que conmociona a la comunidad de Cotuí, es analizado desde la perspectiva de la inacción y la negligencia de los órganos responsables de impartir justicia.
Las pesquisas del DICRIM y el estancamiento fiscal
De acuerdo con los datos presentados, las investigaciones iniciales realizadas por la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM) arrojaron luz sobre el caso de manera temprana. La principal hipótesis de los oficiales apunta a que el ganadero fue víctima de una emboscada, sustentada en evidencias disponibles y sospechosos identificables.
A pesar de que los agentes del DICRIM han solicitado formalmente y en reiteradas ocasiones órdenes de arresto y allanamiento contra las personas sospechosas, el proceso se encuentra paralizado. El obstáculo principal radica en el despacho de la Fiscalía de Monte Plata, el cual ha respondido con negativas o con un silencio administrativo, manteniendo el expediente archivado y sin registrar avances significativos.
La búsqueda asumida por la familia
Ante el mutismo y la inercia estatal, los hijos de Cristino Valdez han tenido que gestionar las indagaciones por cuenta propia. Empleando sus propios recursos económicos y asumiendo una constante peregrinación entre cuarteles y fiscalías, la familia intenta cubrir el vacío que deja la falta de diligencia oficial.
El artículo denuncia que este tipo de omisión institucional quebranta el principio de objetividad consagrado en el Código Procesal Penal dominicano, el cual obliga al Ministerio Público a ser un servidor de la verdad y a investigar con imparcialidad. La falta de respuesta gubernamental representa, a ojos de la comunidad, una suspensión del contrato social y de la seguridad ciudadana a la que tienen derecho los ciudadanos honestos y trabajadores de la región.
Un año después de su viaje a Monte Plata, el reclamo colectivo de Cotuí se mantiene firme para exigir que el caso no quede en el olvido ni sea sepultado por la impunidad burocrática.
