La jueza del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Patricia Padilla, condenó a la Procuraduría General de la República al pago de más de 7.5 millones de pesos a favor de uno de los diez imputados en el caso de la presunta estafa al Estado y el sabotaje de la red semafórica.
El monto corresponde a la liquidación de un astreinte, que es una sanción económicaimpuesta por el incumplimiento de una resolución judicial del año pasado que ordenaba la entrega de bienes incautados y solicitados por el acusado Juan Francisco Álvarez Carbuccia.
Solo faltaba entregar un celular Samsung
Según la resolución que condena a la Procuraduría General, en la audiencia del 30 de junio los representantes Álvarez Carbuccia expresaron que el Ministerio Público había «hecho entrega de varios de los bienes de manera paulatina» y que solo faltaba por devolverle al imputado un celular Samsung S3del año 2012, «que tiene un valor en el mercado de unos tres mil doscientos pesos (RD$3,200.00), ese es el valor del único equipo que falta por devolver».
La disposición de la magistrada, con el número No.058-2026-SOTR-00044, agrega qMinisterio Público alegó que no había hecho entrega del dispositivo, como hizo con los demás bienes del acusado porque estaba en el Inacif, donde le hacía una extracción de datos que se utilizarán en la acusación del caso de supuesta estafa.
Agregó que luego del Inacif, el aparato fue llevado al almacén de evidencias que tenían en el edificio de la vieja Corte y que fue trasladado en una «mudanza demasiada apresurada», por lo que tardaron en encontrarlo para cumplir con la decisión de su entrega.
