Opinión

Criminalidad, corrupción e impunidad

En República Dominicana se atenta constantemente contra ;a libertad de expresión y difusión del pensamiento. El periodista que valora sus principios morales basado en la ética, si es objetivo y enfoca los hechos apegado a la verdad coge el riesgo de perder la vida mediante asesinatos orquestados por personas influyentes, poseedoras de comportamientos espurios, muchas veces ligados al gobierno con un poder mesiánico que los convierte en filántropos de las armas de fuego y generalmente cometen asesinatos que finalmente quedan impunes.

La criminalidad y la corrupción son el soporte lapidario de la impunidad, donde el desparpajo en la administración pública comienza a gestarse con las declaraciones juradas de bienes por parte de ministros, funcionarios y otros adeptos del ejecutivo, tras ser nombrados en cargos específicos cada vez que inicia un nuevo gobierno una muestra más que fehaciente de que el país está carente de gestión para administrar sus bienes con transparencia.

  En pleno Siglo XXI, la violencia, la corrupción y la impunidad, se constituyen en las pandemias de las violaciones a los derechos humanos en República Dominicana, posicionada como uno de los países de América Latina con más muertes, cerrando el 2019 con 100 asesinatos y un aumento incidencial de violencia que arrojó una tasa 10,4 de homicidios por cada 100,000 habitantes, según el informe del Observatorio de Seguridad Ciudadana.

Mirando los atentados contra periodistas de las últimas semanas y los anteriores asesinatos que han quedado impune sin descubrir los autores intelectuales y materiales de los mismos. Después de investigar y descubrir que esta cifra se ubica por encima del índice nacional 9,5, hay que colegir que la justicia dominicana otorga licencia a personajes influyentes, entre los que se encuentran militares de alto rango para que asesinen personas indefensas por decir la verdad.

Esa falta de claridad respecto a la estrategia de seguridad pública le cae como un zapato a la medida al gobierno dominicano, no sólo por el hecho de que en 2019 el país registró un incremento en el porcentaje de delitos, sino porque en pleno 2020, octubre ha sido el mes más violento en los últimos 20 años. A este porcentaje hay que sumarle el asesinato del abogado y periodista, Andrés Estrella Núñez, aunque las autoridades han querido venderlo como un suicidio para tapar a los sicarios, además, la agresión física a la comunicadora y locutora, Dulce García.

Nos pasan los años por encima, los aspirantes a la presidencia de la República Dominicana garantizan enfrentar la corrupción con tenacidad, sin embargo, a final de cuentas se convierten en asiduos seguidores del desparpajo en el festín del Estado. Basta con tan sólo poner el ejemplo de Kimberly Taveras, ministra de la Juventud, la cual hoy está siendo cuestionada por la sociedad e interrogada por el Departamento de Persecución de la corrupción (PEPCA), con apenas días en la gestión pública. ¿Qué se puede esperar de una funcionaria que sin ser rica de cuna declara millones de pesos? Esa “representante del estado debe ser destituida por el poder ejecutivo.

Cuando los ideales se dejan cohesionar por el poder y la influencia del dinero difícilmente se pueda desarrollar un buen programa de gestión con apego, dedicación y transparencia.

El Poder Judicial y la Policía Nacional son dos instituciones donde la corrupción, los asesinatos y los abusos son generalizados. Por eso seguirán siendo ineficientes. Ahí es donde radica el misterioso delito de la impunidad y las violaciones de los derechos humanos.

En su recuento anual del 2019, La Federación Internacional de Periodistas (FIP) registró un total de 49 profesionales de la comunicación que perdieron la vida haciendo su trabajo y esa cifra supone una importante reducción con respecto a 2018, cuando murieron 95 comunicadores.

La corrupción en el 2019 se disparó en extremo según el último informe de Transparencia Internacional. República Dominicana, registra este año una puntuación de 28 puntos sobre 100, ocupando el lugar 137 de 180 países, una pérdida de 2 puntos y 8 puestos en el ranking mundial con respecto al año 2018, por lo que actualmente se encuentra 15 puntos por debajo del promedio del continente americano (43 puntos promedio), confirmando que no existe avance alguno en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Para que el país pueda avanzar en cuanto a la reducción de la criminalidad y la corrupción se necesita primero que el principal gestor del estado, el presidente, se interese por la transparencia y la organización, a los fines de que las instituciones puedan funcionar y que el país se desarrolle.

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JPM

FUENTE: https://almomento.net

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