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Oposición contabiliza un muerto y dos heridos en una semana en Nicaragua

El fallecido es un campesino hallado muerto, aparentemente asesinado, el pasado 7 de agosto en la comunidad El Tule, municipio de San Miguelito, departamento del Río San Juan, una de las zonas anunciadas por el Gobierno donde pasaría un canal interoceánico, que no ha arrancado, de acuerdo con un informe de ambas coaliciones.

Entre el 5 y el 11 de agosto pasado y en el marco de la crisis que vive Nicaragua desde abril de 2018 se reportaron 59 denuncias de violaciones a los derechos humanos, las mayorías de ellas amenazas (25), detenidos (16) y agresiones (15), según ese reporte.

“La persecución de la Policía y fuerzas parapoliciales se enfoca en excarcelados políticos”, puntualizaron la Alianza Cívica y la Unidad Nacional.

“El acoso a sus viviendas extiende su amenaza hacia núcleos familiares de las personas perseguidas”, añadieron.

Según una denuncia ciudadana en el municipio de Jinotega (norte), el 8 de agosto pasado policías se presentaron en colegios públicos, con el apoyo de la dirección de esos centros, “para reconocer a los hijos de personas excarceladas, con fines intimidatorios”.

Además, que en Masaya (sureste), a una niña de 12 años se le negó asistencia en un centro de salud público al identificarla como hija de un excarcelado opositor.

Mientras en el municipio de Juigalpa (centro), el excarcelado Lenín Salablanca sufrió acoso de patrullas policiales y tropas antimotines por sostener en su casa reunión con dirigentes opositores nacionales.

“Las amenazas en algunos casos terminan en recaptura de los excarcelados, a como se reportó para tres jóvenes exreos políticos de Jinotega el 10 de agosto”, señalaron en el informe.

“Las amenazas y agresiones de la Policía, parapolicias y activistas del partido de Gobierno se dirigen también, con especial dedicación, a defensores de derechos humanos”, apuntaron.

Entre otros, mencionaron el caso de la abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), María Oviedo, que fue enviada a juicio por su defensa a los actuales prisioneros políticos.

Asimismo, durante esa semana se dio el allanamiento de la Policía contra la alcaldía de Mulukukú, en el Caribe norte, y gobernada por la oposición.

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia era la contraparte del Gobierno del presidente Daniel Ortega en una mesa de negociación con en la que buscaban superar la crisis que atraviesa el país, y que el mandatario dio por concluida el 30 de julio pasado.

El Ejecutivo nicaragüense y la Alianza Cívica iniciaron una segunda ronda de negociaciones que permitió alcanzar en abril acuerdos parciales para la liberación de los manifestantes encarcelados a raíz de los sucesos ocurridos a partir del 18 de abril de 2018 y la restitución de los derechos civiles suspendidos durante los últimos meses.

Desde abril de 2018 Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 595 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.EFE

FUENTE: https://noticiassin.com

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