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Raúl Martínez: 14 propuestas para enfrentar la corrupción

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Raúl Martínez

14 PROPUESTAS PARA ENFRENTAR LA CORRUPCIÓN

I. La lucha contra la corrupción en retrospectiva.

En ocasión de la campaña electoral correspondiente a las elecciones presidenciales celebradas en el año 2004, la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) llevó a cabo una serie de encuentros con los candidatos de los principales partidos, con el propósito de conocer las propuestas de cada uno de ellos para encarar el lamentable flagelo de la corrupción. En aquel contexto, los abanderados de las organizaciones políticas mayoritarias ofrecieron sendas disertaciones, durante las cuales esbozaron las líneas generales de sus respectivos programas de gobierno en lo concerniente al abordaje de esta compleja problemática. Del mismo modo, la entidad anfitriona presentó sus consideraciones en torno a lo que debería hacerse para combatir este pernicioso fenómeno, planteando la necesidad de promover diversas reformas institucionales, las cuales se conseguirían con la introducción de profundas innovaciones legislativas, dirigidas a robustecer los mecanismos de fiscalización y control de los fondos públicos, elevar el nivel de transparencia de la administración estatal y sancionar efectivamente los hechos ilícitos asociados a la corrupción.



Este ciclo de conferencias de los candidatos Eduardo Estrella (PRSC), Hipólito Mejía (PRD) y Leonel Fernández (PLD), fue realizado un año después de la publicación de un fascículo por parte de otra conocida organización de la sociedad civil, Participación Ciudadana, titulado “La Corrupción: Características y Consecuencias en la República Dominicana”. En dicho material impreso, también se recogieron sugerencias puntuales para el diseño e implementación de políticas públicas dirigidas a “erradicar la corrupción”, en buena medida coincidentes con las vertidas posteriormente por los aspirantes presidenciales que acudieron al evento convocado por FINJUS, así como por las indicadas por quien fungía – para la época – como presidenta de esta última institución, la distinguida jurista Fabiola Medina Garnes.

Entre las similitudes más relevantes que pueden encontrarse en las recomendaciones aportadas por ambas organizaciones civiles en ese momento, se destacaban la necesidad de elaborar una ley que regulara las compras y contrataciones públicas, un nuevo marco normativo para la confección y ejecución del presupuesto del Estado, una reforma integral a la ley que regula la presentación de la declaración jurada de bienes por parte de los funcionarios públicos, una ley de acceso a la información pública, entre otras propuestas no menos importantes.

Catorce años han transcurrido desde aquel evento auspiciado por FINJUS, y tres lustros desde la publicación del señalado folleto difundido por Participación Ciudadana. Sin embargo, en la actualidad el debate en torno a la funesta incidencia del fenómeno de la corrupción sigue muy vivo, a tal punto que la denuncia sobre la supuesta generalización de su presencia en las actividades gubernamentales es un argumento constante de la oposición política, percepción que comparte un influyente sector de la opinión pública nacional.



En este período de nuestra historia, un solo partido político ha gobernado la República Dominicana, resultando airoso en seis elecciones generales consecutivas: el Partido de la Liberación Dominicana. Las administraciones peledeístas encabezadas por Leonel Fernández (2004-2012) y Danilo Medina (2012- ), han recibido una censura implacable por parte de quienes piensan que durante sus gobiernos es muy poco, o nada, lo que se ha logrado para auspiciar la vertebración de un Estado cada vez más abierto al escrutinio de la ciudadanía y más riguroso en el control de los recursos que pertenecen al pueblo dominicano. Con la serenidad que sólo permite el paso del tiempo, conviene realizar una evaluación objetiva de lo sucedido en estos años, para luego determinar hasta qué punto son merecidas estas críticas.

II. El mito del inmovilismo.

Al leerse las propuestas enarboladas – en aquel momento – por las entidades civiles más arriba señaladas, junto a los compromisos asumidos que el candidato que resultó ganador del certamen electoral del 2004, el doctor Leonel Fernández, se comprobará que muchas de estas iniciativas fueron ejecutadas.

Así, hoy se cuenta con una Ley de Acceso de Información Pública (No. 200-04), que establece las reglas mediante las cuales los ciudadanos pueden solicitar y obtener datos e informaciones relativas a las decisiones y actividades de los entes públicos. De igual modo, hemos incorporado a nuestro ordenamiento jurídico una Ley sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado (No. 340-06), la cual establece las bases del sistema de contratación pública, definiendo el marco regulador de las adquisiciones que realiza el Estado.

Asimismo, en este período fue promulgada una ley (No. 423-06) que ordena el proceso de elaboración del presupuesto del sector público, la cual genera condiciones más adecuadas para la evaluación de la eficiencia presupuestaria de los entes estatales. Dicho instrumento normativo, la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, procura además elevar la calidad de la información contemplada en el presupuesto anual del Estado, para convertirlo en una herramienta al servicio del desarrollo sostenible de la nación.

Del mismo modo, se aprobaron la Ley de Crédito Público (No. 6-06) que establece las reglas para fijar los límites y condiciones del endeudamiento del Estado, y la Ley de Tesorería Nacional (No. 567-05) , que establece el sistema de Cuenta Única del Tesoro para el registro de todos los ingresos y pagos que realiza el Gobierno. Tales innovaciones al sistema de gestión financiera del Estado fueron acompañadas por las leyes números 494-06 y 5-07, que reorganizan la dirección de las finanzas del sector estatal bajo la autoridad vertical del Ministerio de Hacienda, consolidando un sistema de articulación sistémica de los procesos que conforman la dirección de las finanzas públicas.



En esta misma dirección, y acogiendo otra propuesta enarbolada por las entidades de la sociedad civil más arriba mencionadas, en este período fue puesta en vigencia la ley que instituye el Sistema Nacional de Control Interno (No. 10-07), dirigida a robustecer
las capacidades de actuación de la Contraloría General de la República, dotando a sus funcionarios de estabilidad laboral bajo el manto protector de la carrera administrativa.

Este amplio proceso de reformas institucionales alcanzó a la organización de la burocracia estatal, cuya profesionalización era también reclamada por amplios sectores de la sociedad civil organizada. Con la nueva Ley de Función Pública (No. 41-08), se ha renovado el marco regulador de la carrera administrativa, fijando criterios uniformes para la gestión de los recursos humanos en el sector público.

La tan postergada reforma de la Ley sobre Declaración Jurada de Bienes fue cristalizada mediante la promulgación de la Ley No. 311-14, instrumento que amplió el repertorio de funcionarios obligados a presentar una exposición detallada de su patrimonio, precisando el contenido de la información a ser revelada y actualizando el régimen punitivo para castigar hechos como el enriquecimiento ilícito o el falseamiento de los datos aportados por los declarantes. El catálogo de infracciones penales asociadas al fenómeno de la corrupción también fue ensanchado con la aprobación de la Ley sobre Soborno en el Comercio y la Inversión (No. 448-06), la cual endureció considerablemente el régimen punitivo de múltiples actividades ligadas a esta nociva actividad.

De igual modo, ya nuestro ordenamiento jurídico cuenta con una rigurosa normativa dirigida a la prevención, detección y castigo de aquellas conductas dirigidas a legitimar recursos derivados de actividades delictivas, la cual fuera diseñada siguiendo las recomendaciones suministradas por organismos internacionales. En efecto, la Ley No. 155-17 actualiza y robustece los mecanismos de sanción al lavado de activos procedentes de actividades inherentes al crimen organizado, entre las cuales se cuentan las infracciones penales que tipifican las prácticas corruptas.

No menor importancia reviste la profunda reforma institucional que ha operado en el Ministerio Público dominicano, cuya independencia funcional del poder político se ha venido consolidando paulatinamente, con la progresiva incorporación de fiscales seleccionados mediante concurso público de oposición, luego de ser adiestrados por la Escuela Nacional del Ministerio Público. Los esfuerzos dirigidos hacia la vertebración de un órgano acusador cuyos integrantes gozaran de inamovilidad en sus funciones, y con plena autonomía para cumplir con sus responsabilidades, fueron coronados con la reforma constitucional del 2010, la cual instituye al Ministerio Público como un órgano constitucional autónomo y consagrando un sistema de carrera en beneficio de sus miembros.

No hace tanto tiempo los fiscales eran designados por decreto del Presidente de la República, lo cual generaba serias aprehensiones en torno a su objetividad a la hora de tomar decisiones, puesto que su directa dependencia con el Poder Ejecutivo podría ser particularmente comprometedora en casos de corrupción administrativa. La situación ha cambiado en la dirección reclamada por amplios sectores de la sociedad dominicana que exigían la despolitización del Ministerio Público, y en la actualidad las principales fiscalías del país están integradas por servidores públicos de carrera. Tal y como resaltara el Presidente Danilo Medina en una reciente entrevista, durante su gestión él no ha designado ningún fiscal, puesto que ya no cuenta con esta facultad.

Si el lector ha tenido la gentileza de llegar hasta este punto, comprenderá que este agotador recuento de innovaciones legislativas – que no es lo suficientemente exhaustivo – resulta necesario para advertir que durante estos últimos años se han encaminado numerosas reformas institucionales, la mayoría de ellas sugeridas por la sociedad civil, en la dirección de modernizar el sistema de gestión financiera del Estado, estimular la profesionalización de la administración pública y generar las condiciones estructurales indispensables para perseguir y castigar la corrupción. Entonces, decir que “nada se ha hecho para combatir la corrupción” en este período histórico en el que ha gobernado el Partido de la Libración Dominicana es, simplemente, ignorar la evidencia y faltar a la verdad.

III. ¿Nos equivocamos?

Recientemente, tuve la oportunidad de ver un video que circula en las redes sociales, en el cual un reputado periodista expresaba, con desoladora amargura, su preocupación por la recurrente aparición de escándalos que – a su entender – evidencian la generalizada corrupción que permea el quehacer cotidiano del Gobierno. Entre las cosas que decía, provocó especialmente mi atención su denuncia de que “nunca habíamos estado peor que ahora” en lo que tiene que ver con la administración transparente de los recursos del Estado.

Esta lapidaria conclusión, como hemos visto, menosprecia los esfuerzos realizados por los gobiernos peledeístas en estos catorce años, período en el cual se han adoptado numerosas políticas públicas para encarar este gravísimo problema, la mayoría de las cuales provienen del recetario de la sociedad civil y de los organismos internacionales especializados que tienen que ver con la lucha contra la corrupción.

Debe admitirse, sin embargo, que esta percepción ha tenido un profundo calado en la opinión pública nacional. Amplios segmentos de la población la comparten. A pesar de los esfuerzos desplegados durante los últimos años, lo cierto es la inquietud de la ciudadanía en torno a la funesta incidencia de la corrupción se ha incrementado significativamente. Según el estudio de opinión pública Latinobarómetro, para el año 2004 un 5.2% de la población encuestada consideraba a la corrupción como “el principal problema del país”. No obstante, dicha cifra se elevó a un 15% de los consultados en dicha encuesta, cuando la misma fue realizada en el año 2017. Asimismo, en el Barómetro Global de la Corrupción correspondiente al pasado año, una encuesta realizada por la organización Transparencia Internacional que evalúa la percepción de la gente en torno a la incidencia de este pernicioso fenómeno, la República Dominicana fue ubicada en el lugar 135 de entre 180 países, uno de los más bajos del continente.

Este creciente malestar colectivo ha desatado expresiones de desilusión que, como la Marcha Verde, se manifiestan en la movilización de miles de personas en diversos puntos de la geografía nacional. La oposición política, en gran medida huérfana de argumentos serios para cuestionar el desempeño de los gobiernos peledeístas en otros ámbitos, ha abrazado este tema con desenfadado oportunismo, procurando capitalizar el disgusto para obtener réditos electorales.

Por su parte, el Partido de la Liberación Dominicana parece distraído en sus contradicciones internas, y no hace mayores esfuerzos por defender su legado en este terreno, a pesar de que en sus gobiernos se han hecho muchas de las reformas que se habían pedido desde la sociedad civil para fomentar el diseño de una administración pública menos vulnerable a la depredación de los recursos del Estado. Y uno se pregunta: ¿es que se considera que las iniciativas desarrolladas para luchar contra la corrupción han fracasado? ¿es que este temible cáncer se ha seguido diseminando en cada tejido del aparato estatal, a pesar de las reformas emprendidas para detenerlo? En fin, ¿nos hemos equivocado, y la percepción generada a golpe de escándalos se corresponde con la realidad?

La respuesta no es tan sencilla, pues si hay algo que demuestran las experiencias de otros litorales del planeta en relación con los procesos de construcción de administraciones públicas transparentes es que la corrupción, con su frívola ubicuidad, es un fenómeno que exhibe una singular resiliencia, y es capaz de asomar su rostro repulsivo aún en los contextos menos favorables.

De todos modos, sólo quienes miren el problema desde la tribuna de la mezquindad, con el juicio nublado por ese pesimismo endémico que es tan propio de cierta parte de nuestra sociedad, podrían negar que hoy contamos con un Estado mucho más organizado y más abierto a la fiscalización que quince años atrás. Y es que, lejos de resistirse a los cambios urgidos por la sociedad civil interesada en encarar este apremiante problema, lo cierto es que los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina han emprendido reformas institucionales destinadas a para sentar las bases de una administración pública más transparente y menos vulnerable al azote de la corrupción. Sin embargo, decir que hemos logrado eliminarla no es más que una vana ilusión. Como la mitológica Hidra de Lerna, parecería que cada vez que se descarga una espada contra la cabeza de esta corrosiva actividad emergen dos que la reemplazan, sembrando el escepticismo y erosionando la credibilidad del propio sistema democrático.

IV. De la protesta a la propuesta.

Frente al clamor incesante de quienes demandan más rigor en el castigo de las prácticas corruptas, el PLD tiene dos opciones: por un lado, podría permanecer impasible, limitándose a visibilizar las agendas ocultas de algunos de los promotores de las movilizaciones que reclaman “el fin de la impunidad”, quienes instrumentalizan esta legítima preocupación colectiva para allanar su retorno al poder o; en cambio, podría decantarse por renovar su repertorio de iniciativas dirigidas a encarar este gravísimo malestar social, procurando mayor eficacia y mejores resultados.

A mi modo de ver, es evidente que deberíamos optar por recorrer el camino de la innovación. Esto implica reflexionar con serenidad en torno a las reformas emprendidas durante estos tres lustros, y auspiciar nuevos procesos de cambio sobre los pasos de los esfuerzos que ya han sido realizados para estimular el desarrollo institucional del Estado dominicano. A fin de cuentas, muchos de los que protestan lo hacen por motivos que compartimos la inmensa mayoría de los peledeístas: liberar a la nación del oprobio de la injusticia, que es hija de la arbitrariedad y madre de la corrupción.

En los siguientes párrafos, me permito compartir algunas ideas, con la esperanza de contribuir a un debate racional que conduzca a soluciones concretas, las cuales reflejen la voluntad de atender esta compleja problemática con responsabilidad y sentido común; más allá de las consignas paridas por la genuina indignación de muchos de los que protestan, o por la descarada simulación de algunos que también marchan, pero que no son más que lobos disfrazados de ovejas.

1. Inspeccionar y certificar la veracidad de las declaraciones juradas de bienes. La Ley 311-14 creó la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos, organismo que depende de la Cámara de Cuentas de la República, la cual tiene entre sus responsabilidades la de “comprobar la veracidad de la información contenida en las declaraciones juradas” (artículo 10.1) que presentan los funcionarios públicos obligados a ello por el artículo 2 de la señalada norma. Pienso que se debería sistematizar esta tarea sin necesidad de denuncia previa de falsedad, ordenándose una indagación exhaustiva dirigida a comprobar la sinceridad de las declaraciones presentadas. El análisis que tendría lugar de manera automática, una vez se haya presentado la declaración jurada, examinaría detalladamente los datos aportados por el declarante, para establecer si los mismos reflejan fielmente su realidad patrimonial. Los resultados de tales investigaciones, las cuales deberían completarse en un plazo no mayor de 6 meses a la toma de posesión del funcionario, serían publicados para conocimiento general.

2. Crear un Registro Nacional de Veedores. En el decreto presidencial No. 188-14 se disponen las pautas de funcionamiento de las denominadas “Comisiones de Veeduría Ciudadana”, las cuales tienen como misión fundamental vigilar los procesos de compras y contrataciones de las instituciones en las que fueren integradas. Sin embargo, la composición de dichas comisiones es decidida discrecionalmente por el Presidente de la República. Estimo que deberían ensancharse los canales de participación social, para que cualquier ciudadano que reúna determinadas condiciones de probidad y experiencia profesional tenga la oportunidad de contribuir a la vertebración de una administración pública más transparente. La creación de un Registro Nacional de Veedores podría ser una tarea de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, la cual sólo podría incorporar en ese rol a aquellos voluntarios que no militen en un partido político. Asimismo, la conformación de comisiones de veeduría ciudadana debería tener un alcance mucho mayor que el que actual, hasta lograr que toda entidad que gestione recursos públicos disponga de este mecanismo de control social.

3. Incorporar a los veedores a los procesos deliberativos sobre compras y contrataciones públicas. En la actualidad, el papel de los veedores se limita a la fiscalización de las actividades inherentes a los procesos de licitación de compras y contrataciones de obras, bienes y servicios del Estado. Sugiero ampliar su rol para integrar a un veedor en las unidades operativas de contratación que funcionan en las entidades obligadas a sujetar tales procesos a las previsiones de la Ley 340-06. Este voluntario sería designado por la Dirección General de Contrataciones Públicas, la cual debería escogerlo entre los que están inscritos en el Registro Nacional de Veedores sugerido en el párrafo anterior. Lo ideal sería que se trate de una persona distinta para cada proceso de licitación llevado a cabo por una misma entidad pública.

4. Establecer un sistema de rotación de los integrantes de las unidades operativas de contratación pública. Esta medida podría servir para impedir la consolidación de entramados que vinculen a específicos funcionarios públicos con empresas privadas, dirigidos a facilitar la obtención sistemática de contratos para la adquisición de bienes, obras, servicios o concesiones por parte del Estado.

5. Robustecer el régimen de control de las contrataciones de obras públicas. Desde los procesos desatados por la implementación de la Ley 340-06 y su reglamento de aplicación, pienso que es posible introducir innovaciones importantes que permitirían elevar el grado de credibilidad y transparencia del sistema de compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones del Estado. En tal sentido, convendría mejorar el marco regulatorio de los procesos de licitación de obras públicas, ampliando las facultades inherentes a la Dirección General de Compras y Contrataciones en cuanto a la fiscalización de estas actividades. Sería pertinente, además, la eliminación de la excepción prevista en dicha Ley, mediante la cual se excluye de su aplicación los casos de “contratos rescindidos cuya terminación no exceda el cuarenta por ciento (40 %) del monto total del proyecto, obra o servicio” (artículo 6, párrafo, ordinal 5), disposición que abre las puertas a la inutilización práctica de la norma en numerosos casos.

6. Instalar un Sistema Nacional de Denuncias de Corrupción. Resulta indispensable organizar canales más efectivos para recabar denuncias presentadas sobre posibles casos de corrupción, así como disponer de mecanismos apropiados dirigidos a proteger a los servidores públicos que detecten irregularidades o actuaciones indecorosas de otros funcionarios (whistleblowers). En la actualidad, los portales electrónicos de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental o de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa ni siquiera cuentan con herramientas para la recepción de denuncias sobre eventuales casos de corrupción. Es por eso que, a mi modo de ver, urge vertebrar un sistema debidamente articulado que procese tales denuncias, incluyendo aquellas que se presenten de manera anónima. Los delatores de aquellos casos en los que se demuestre la comisión de un hecho reprimido por la ley, en esta materia, merecen disfrutar de garantías que impidan el ejercicio de cualquier retaliación en su perjuicio, e incluso incentivados mediante estímulos que reconozcan su coraje.

7. Identificar debilidades de los sistemas y procesos administrativos públicos. Entre las atribuciones que se encomiendan a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental en el decreto presidencial que la establece (No. 486-12), se encuentra la de “analizar el funcionamiento de los mecanismos de transparencia administrativa, emitir las recomendaciones que correspondan para fortalecerlos, e implementar y vigilar su cumplimiento” (artículo 6.36). En esta dirección, la DIEIG debería poner en marcha procesos dirigidos a detectar aquellos defectos que revelen la potencial vulnerabilidad de los sistemas y procesos administrativos de las instituciones públicas frente a la potencial amenaza de la corrupción. El trazado de estos mapas de riesgo permitiría introducir mejoras que redunden en la disminución de las posibilidades de intervención ilícita en el quehacer de los organismos estatales.

8. Actualizar y fortalecer el régimen punitivo. Aunque no me inscribo, en sentido general, entre quienes perciben que la solución a todos los problemas humanos pasa por la expansión del poder penal del Estado, lo cierto es que en esta materia (como en muchas otras), nuestra legislación represiva evidencia un notorio desfase. Además, entiendo que, si existe un ámbito en el cual la intervención punitiva del Estado me parece justificable, ese sería la lucha contra la corrupción. El régimen legal vigente limita considerablemente la posibilidad de enfrentar con éxito las nuevas modalidades y manifestaciones de la corrupción en nuestra época, por lo que los cambios en esta dirección son impostergables.

Así, pienso que es necesario incorporar al catálogo de crímenes y delitos asociados a la corrupción conductas como la trasgresión de las normas inherentes al sistema de compras y contrataciones públicas, alterando los procedimientos de licitación o adjudicación de los contratos; la adjudicación de contratos para el diseño o ejecución de obras públicas o la adquisición de bienes públicas a personas que tengan impedimento de participar en tales procesos; el uso indebido de información reservada, la cual se ha obtenido en razón o en ocasión del ejercicio de funciones públicas, con el propósito de obtener ventajas de cualquier índole, para sí o para un tercero;, la obstrucción de los procesos de investigación dirigidos a detectar la comisión de hechos penales de esta naturaleza, el nepotismo y la incorporación a la nómina pública de personas que no prestan ningún servicio al Estado (“botellas”). Asimismo, debería tipificarse penalmente el encubrimiento de actos ilícitos asociados a la corrupción, entre otras conductas merecedoras de castigo penal actualmente no contempladas por nuestra legislación represiva. En el Congreso Nacional existe un proyecto encaminado a tales fines por el diputado santiaguero Demóstenes Martínez que podría servir para enriquecer el debate en torno a estas ineludibles reformas.

9. Elevar la calidad técnica de la investigación en casos de corrupción. Una de las quejas más frecuentes que suelen presentarse en el debate nacional en torno al combate contra este terrible flagelo tiene que ver con el frecuente naufragio en los tribunales de los procesos de persecución judicial de casos de corrupción. Cuando esto ocurre, casi siempre emerge una álgida controversia entre quienes atribuyen este desenlace a una reducida calidad de la indagación realizada, imputable al descuido o negligencia del Ministerio Público; y los que estiman que tales resultados obedecen a la lenidad o hasta a la supuesta parcialidad política de los jueces.

Pero si queremos avanzar, de lo que se trata no es de buscar culpables, sino de encontrar soluciones. Para ello, deberíamos comenzar admitiendo que la calidad técnica de las investigaciones criminales en nuestro país es, en general, deficiente. Y no me refiero solamente a casos que tienen que ver con corrupción administrativa. Se trata de un problema trasversal que permea a todo el sistema de justicia penal, pero que alcanza mayor visibilidad en los casos de corrupción, debido a la intensa exposición mediática que suele rodearlos.

¿Qué podríamos hacer para mejorar la eficacia persuasiva de los expedientes acusatorios tramitados por los fiscales en materia de corrupción? Ante todo, es necesario replantear la estructura de funcionamiento y las prácticas operativas de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa. Urge integrar un equipo multidisciplinario de expertos en finanzas corporativas, tributación, auditoría, bolsa de valores y mercados financieros, tecnología de la información, entre otras disciplinas asociadas a las actividades económicas que tienen lugar para hacer posible la depredación de los recursos estatales. Este cuerpo permanente de peritos podría trabajar mancomunadamente con los fiscales que estén encargados de la realización de las indagatorias, con el propósito de asegurar una idónea configuración de las acusaciones que sean presentadas. No menos importante resulta la dotación oportuna de recursos logísticos y económicos suficientes para que la PEPCA pueda cumplir satisfactoriamente con sus atribuciones.

10. Prohibir las contribuciones económicas de proveedores del Estado a los partidos políticos. Entre las limitaciones contempladas en la nueva Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos no se registra ninguna disposición que prohíba a personas vinculadas a empresas proveedoras del Estado la realización de contribuciones económicas a las organizaciones partidarias, lo cual considero un desatino. A mi modo de ver, los accionistas o directivos de empresas privadas que mantengan relaciones comerciales con el Estado deberían estar impedidos de aportar valores de cualquier naturaleza a los partidos políticos y las campañas electorales, para evitar la posibilidad de eventuales conflictos de intereses.

11. Aprobar una Ley de Extinción de Dominio de Bienes Ilícitos. La recuperación de bienes producidos por actividades ilícitas deviene en una herramienta de estelar importancia para la articulación de una estrategia efectiva para combatir la criminalidad económica. En esta dirección, urge poner en vigencia una ley que regule los juicios de extinción de dominio, mediante procesos judiciales que permitan evaluar el carácter legítimo o no de un bien en base a su naturaleza, origen o destino. Existe un proyecto legislativo en discusión sobre este tema, a partir del cual debe discutirse una Ley de Extinción de Dominio que ofrezca mecanismos idóneos para impedir que quienes se beneficien indebidamente del patrimonio público disfruten de esos recursos mal habidos.

12. Obligar a los candidatos a posiciones electivas a presentar declaraciones juradas. Si predicamos transparencia desde los partidos políticos, deberíamos incluir a los candidatos a posiciones electivas en el listado de sujetos obligados por la Ley No. 311-14 a presentar su declaración jurada de bienes, al momento de inscribir sus candidaturas ante la Junta Central Electoral. Esto desincentivaría a quienes no puedan explicar el origen de su fortuna a presentar aspiraciones a cargos públicos de elección popular, al tiempo que enriquecería la dimensión ética del debate democrático durante las campañas electorales.

13. Disponer restricciones para la contratación de empresas constituidas en paraísos fiscales. Un Estado que aspire a no ser permeado por la perniciosa influencia de las prácticas corruptas debería evitar, en la medida en que resulte posible, realizar operaciones de cualquier naturaleza con empresas constituidas en paraísos fiscales, o que mantengan cuentas offshore en entidades bancarias de esos lugares, con el velado propósito de ocultar su patrimonio o sus actividades económicas.

14. Promover los valores éticos desde el currículo escolar. Cualquier estrategia integral desarrollada con el objetivo de disminuir la incidencia del fenómeno de la corrupción debe auspiciar un cambio cultural, que propicie el desarrollo de sentimientos de apego hacia el bienestar colectivo, y de respeto hacia el patrimonio público, por parte de las nuevas generaciones. El sistema educativo tiene un papel de inestimable relevancia en cuanto a la formación de ciudadanos y ciudadanas comprometidos con la defensa del erario público. En tal sentido, creo que deberían incorporarse al programa académico, en el nivel secundario, contenidos que permitan a los estudiantes conocer los mecanismos mediante los cuales pueden ejercer sus derechos de acceso a la información, así como el alcance de sus deberes ciudadanos en lo que tiene que ver con la protección de los bienes que pertenecen a todos.

VII. El desafío de encontrar terreno común.

Quizás el mayor problema que enfrenta la sociedad dominicana, en lo que tiene que ver con la articulación de una estrategia efectiva para encarar este gravísimo malestar social, es que el abordaje del mismo suele realizarse desde la crispación que desatan los escándalos de corrupción. Así, en el debate público sobre la corrupción suele ocurrir que muchas ocasiones los árboles no permiten ver el bosque, y el tema se convierte en un terreno fértil para el florecimiento de la demagogia.

Es por esta razón que estoy convencido de que corresponde al Partido de la Liberación Dominicana promover una nueva generación de reformas que permitan construir una administración pública más transparente, honesta y eficiente, desde las conquistas institucionales alcanzadas en los últimos años. Es este, y no otro, el camino que debe seguirse para desenmascarar a una oposición política que se encuentra petrificada en consignas, pero que nada hizo cuando ejerció el poder para erradicar la corrupción, y que pretende ahora emplear este tema como simple baza electoral.

Y es que, mientras no se entienda que la corrupción es un fenómeno tan viejo como la civilización misma, y que no tiene un color partidario, ni sigue una determinada ideología política, seguiremos enredados en una discusión estéril que nos impedirá encontrar el terreno común que tanto necesitamos para impedir que esta temible enfermedad social destile sus efectos corrosivos, lastimando la credibilidad del sistema democrático nacional.